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XALAPA.- En la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) hay un fuerte rezago de 1,659 carpetas pendientes de resolución y a esto se le debe sumar que la dinámica del actual proceso lleva a que cada día se inicie un nuevo expediente, por lo menos, se anota en el reporte mensual de la institución correspondiente a marzo pasado. Desde septiembre de 2020 hasta marzo de 2021 la FEDE inició 281 carpetas de investigación. Marzo ha sido el mes con mayor número de carpetas con un total de 78. En segundo lugar está octubre del 2020 con 51 carpetas y el tercer sitio lo ocupa febrero del 2021 con 35. En el mismo periodo los tres delitos más recurrentes denunciados son: alteración al registro federal de electores, con 101 casos, en segundo lugar está recoger credenciales para votar con 29 y en tercer sitio se encuentra condicionar la prestación de servicios públicos con 23. En ese sentido, en el reporte a marzo, la FEDE indica que de las 78 carpetas de investigación iniciadas durante ese mes, los tres delitos más denunciados y por los que se abrieron expedientes de investigación fueron: alteración al registro federal de electores (21), condicionar la prestación de servicios públicos (14) y recoger credenciales para votar (9). Los principales denunciantes de estas acusaciones son las personas físicas, con 125, le siguen los funcionarios electorales con 42 y en tercer lugar se encuentran los servidores públicos con 40 denuncias presentadas ante la fiscalía. “Las carpetas de investigación tienen como base denuncias formuladas por varios actores de la sociedad, e incluso pueden existir dos o más denunciantes por carpeta de investigación. Para determinar la calidad del denunciante por carpeta de investigación, se toman en cuenta a los principales denunciantes clasificados por particulares, servidoras y servidores públicos, instituciones, militantes o candidatos (as) de partidos políticos y no identificados”, anota el informe de actividades. De acuerdo con ese informe había 1,659 carpetas pendientes de resolución, lo cual equivale a que cada una de las 80 personas en funciones de Ministerio Público que tiene, tenga un promedio de 20.7 indagatorias sin resolver cada uno.
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