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XALAPA.- El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) finalmente determina que sí presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la implementación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut). En su sesión del 12 de mayo, el Pleno del IFT determinó por unanimidad proceder contra éste Padrón cuyo fin es recabar información sensible de los usuarios de telefonía e Internet móviles, para que éstos puedan mantener activas sus líneas celulares. La reforma establece que el IFT se encargará de instalar, operar, regular y mantener el Panaut, con cargo a su presupuesto, y realizará las acciones necesarias para solicitar a los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, a los autorizados, la cancelación en forma inmediata de aquellas líneas de telefonía móvil, que no hayan sido identificadas o registradas por los usuarios o clientes. Sin embargo, el Pleno del IFT considera que no puede realizar ese trabajo con su presupuesto actual de mil 510 millones de pesos para este 2021, además de que tampoco hay recursos asignados para poner en marcha el Panaut, en el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2021, al ser este último una obligación reciente de gasto generada durante el ejercicio en marcha. Por esa causa el Pleno considera que no existe justificación para que se determine que el IFT deba realizar las acciones necesarias para que las erogaciones que se generen con motivo de instalar, operar, regular y mantener dicho Padrón, se hagan con cargo a su presupuesto aprobado en el presente ejercicio fiscal y subsecuentes. Además, esto afecta directamente la independencia de decisiones y funcionamiento del IFT. De igual forma, el Pleno considera que esto podría contraponerse con el mandato del IFT de garantizar los derechos contenidos en los artículos 6º y 7º de la Constitución, así como de favorecer el acceso a los servicios de telecomunicaciones, que son derechos fundamentales. Con este recurso legal, el IFT busca garantizar su autonomía presupuestal, así como un ejercicio eficaz y oportuno de las facultades y fines que constitucionalmente están encomendados a este Instituto, a través de los mecanismos previstos por nuestra Constitución y con pleno respeto a las facultades de los demás Órganos y Poderes de la Unión, plantea el Instituto.
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