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XALAPA.- A partir del sábado pasado entró en vigor la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), que busca registrar los datos biométricos de cada persona usuaria de una línea celular. Los usuarios de telefonía celular tendremos que darle nuestros datos biométricos a un gobierno federal que en varias ocasiones ha sido acusado de espionaje masivo. El gobierno de López Obrador pretende crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que busca registrar los datos de los usuarios con información precisa de cada titular de cualquier línea telefónica, con el pretexto de erradicar la inseguridad y los delitos cometidos a través de enlaces telefónicos, por lo que a partir de esta fecha, el registro de los datos numéricos de cada línea telefónica móvil será de carácter obligatorio para cada usuario, razón por la cual, se deberán entregar ciertos datos personales. Sin embargo nada garantiza que esto pueda ser así, porque las líneas telefónicas podrán ser adquiridas a nombres de terceros incluso sin su autorización o robadas, amén de crear usuarios falsos. Además, con frecuencia las bases de datos que maneja el gobierno han sido utilizadas muchas veces de forma indebida, incluso han llegado a manos de grupos criminales, las cuales las usan para fines de extorsión y hasta de secuestro y homicidio. El uso menos agresivo de estas bases de datos son las llamadas que hacen bancos, encuestadoras y hasta morgues, para contactar personas en sus teléfonos privados. ¿A quién no le han hecho llamadas para tratar de venderle algo en su teléfono celular?. Esto en otros países está penado. Para éste padrón que pretende crear el gobierno los datos que el usuario deberá registrar son: Número de la línea telefónica móvil. Fecha y hora de la activación de la línea telefónica en la que se adquirió la tarjeta SIM. Nombre completo del usuario o razón social del mismo. Nacionalidad. Número de identificación oficial con fotografía o Clave Única de Registro de Población (CURP) del titular. Datos biométricos del usuario y, en su caso, del representante legal de la persona moral, conforme a las disposiciones administrativas de carácter general que al efecto emita el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Domicilio del usuario. Datos del concesionario de telecomunicaciones. Esquema de contratación de la línea, prepago o post pago. Todo lo necesario para que un extorsionador pueda amedrentar a una persona. La Ley General de Transparencia y Acceso a la información es la que regula y vigila que la información proporcionada al padrón será de carácter confidencial y reservada de acuerdo con la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de las instituciones encargadas de manejar la información, en este caso, los sujetos obligados y también la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Pero nada garantiza que habrá esta protección de datos. La nueva ley aprobada dice que la IFT cuenta con hasta seis meses para implementarlo y que al usuario que no proporcione sus datos se le cancelará la línea telefónica móvil, sin derecho a la reactivación, pago o indemnización alguna. En caso de cometer las infracciones como haber efectuado fuera de las fechas el registro de la línea, no registrar modificaciones o los números de la línea, hacer uso indebido de la documentación presentada para acreditar la identidad, además de alterar u omitir información, dar falsos datos, hacer uso indebido de los datos registrados en el padrón electoral entre otras, se aplicarán multas de 20 a 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, de $1,792.4 a $4,481 pesos o las más alta de 10 mil a 15 mil UMA, de $896,200 a $1,344,300 pesos, por la infracción por hacer uso de los datos registrados en el padrón con fines de lucro.
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