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.- Para María Teresa Carbajal Vázquez, abogada defensora de usuarios crediticios, las financieras que ofrecen créditos de nómina incurren en el delito de usura al realizar un cobro excesivo por créditos otorgados a personas en situación de vulnerabilidad. Tal es el caso de la profesora jubilada, María Luisa Vega Martínez, quien durante 28 años se desempeñó como maestra rural y hace seis años cayó en las redes de la financiera Intermercado, que fue medrando sus ingresos hasta quitarle el 95 por ciento de sus percepciones mensuales. De los 26 mil pesos que le tocan de pensión, el IPE le descuenta a María Luisa el 95 por ciento de su salario y lo entrega a la financiera, para cubrir los préstamos. Hoy la maestra tiene que arreglárselas con mil 900 pesos al mes para sobrevivir que le dejan los cobros de la financiera y que apenas alcanzan para comprar los medicamentos que debe tomar para controlar su diabetes y costear el tratamiento contra el cáncer. La profesora agraviada señaló que, como usuaria crediticia, no se niega a pagar lo que pidió prestado, pero exige una revisión de aquellos créditos que no solicitó y que le fueron adjudicados en su opinión de forma arbitraria por la financiera, además de una renegociación justa de los créditos a los que tuvo acceso. A pesar de que Vega Martínez ha pedido la ayuda de la Condusef, el Instituto de Pensiones del Estado, el sindicato magisterial, la CEDH y la CNDH, nadie la ha ayudado. La abogada defensora afirma que la situación de la profesora Vega Martínez es más común de lo que se cree, y que más casos podrían incrementarse si es aceptada la iniciativa de cobranza delegada, aprobada el pasado 18 de febrero en el Senado de la República que actualmente se encuentra en análisis en la Cámara de Diputados. Y es que, según datos del Instituto de Pensiones del Estado, hay por lo menos 4 mil 974 pensionados que tienen uno, dos o más créditos de nómina. En ese tenor, Carbajal Vázquez afirmó que muchos de esos créditos también se realizaron en los mismos términos que los de María Luisa. Explicó que el caso de la profesora es un ejemplo del delito de usura en el que caen muchas financieras, al realizar “el cobro excesivo por un crédito que se otorgó a una persona en situación de vulnerabilidad”. La abogada afirmó que de acuerdo con la ley vigente, es inconstitucional que las financieras tengan la capacidad de ofrecer créditos, a cambio de embargar el 95 por ciento de los ingresos de una persona, como ocurre en el caso de María Luisa. Y cuestionó que instituciones como el IPE tengan vínculos con financieras, que tienen prácticas abusivas con sus usuarios, a las cuales ponen en “charola de plata” la nómina de los trabajadores, a cambio de un 5 por ciento de comisión por cada pago mensual que realiza el acreedor. Más aún, Carbajal Vázquez alertó que la iniciativa de cobranza delegada, aprobada el pasado 18 de febrero por el Senado de la República, y que actualmente se encuentra en análisis en la Cámara de Diputados, “es una trampa legal en la que el único ganador es el acreditante, porque el acreditante podrá cobrar su dinero sin cobranza, sin comisiones, sin nada”, señaló al afirmar que permitiría a los bancos adoptar el modus operandi de las financieras. Afirmó que estas acciones dejan sin margen de acción a los usuarios de crédito, pues por la falta de ingresos no pueden demandar y un juicio podría tomar dos años, lo mismo que dura el crédito, con lo que “están atados de pies y de manos”. Por lo anterior, la abogada llamó a la Cámara de Diputados a promover un debate amplio antes de aprobar la iniciativa de cobranza delegada, en los términos en que se encuentra en este momento. La iniciativa en revisión en la cámara baja, indica que "se propone regular de manera expresa y especifica dentro de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito al 'Crédito de Nómina', denominándolo crédito de nómina con cobranza delegada, pudiéndose otorgar bajo la modalidad de crédito simple o crédito en cuenta corriente. La iniciativa presentada por el senador Casimiro Méndez Ortiz, de Morena, indica que el acreditado estará obligado al pago, el cual "tendrá como fuente" "los salarios devengados, percepciones extraordinarias, pensión o renta vitalicia, los saldos disponibles de las cuentas de ahorro para el retiro, incluidas las cantidades relativas a las aportaciones voluntarias y honorarios o comisiones devengadas".
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