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XALAPA.- Bajo el argumento priista de que, “en realidad, lo que se necesitan son instituciones autónomas sólidas… y la idea de que el Congreso de la Unión les otorgue mayor protección radica en que se busca maximizar las capacidades técnicas, minimizar las cuestiones políticas, proteger y mejorar su diseño y funcionamiento institucional”, el PRI en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma a la Constitución, para proteger a los órganos constitucionalmente autónomos. “Atentar contra la autonomía de las instituciones nos llevaría a un escenario de incertidumbre, opacidad, violación de derechos, impartición de justicia”, indican los legisladores en su propuesta de reforma al artículo 72 de la Constitución. Para ello, la propuesta de la presidenta de la cámara, Dulce María Sauri, y de Enrique Ochoa Reza, plantea: “Tratándose de reformas que pretendan la desaparición de los organismos que cuenten con autonomía constitucional, las comisiones dictaminadoras de la Cámara de origen deberán solicitar a los otros organismos autónomos, incluyendo al que se pretende desaparecer, una evaluación de impacto en el que se detalle las consecuencias sociales, laborales y económicas que implica su desaparición”. La iniciativa, se presentó para evitar la desaparición de organismos autónomos que ha planteado el Presidente, argumentaron. Argumentaron que ese tipo de instituciones ejercen una labor por mandato constitucional, y por lo tanto garantizar su funcionamiento “depende de la libertad y eficacia con la que cuenten sin importar los cambios en las políticas los regímenes actuales, esto para brindar una permanencia de carácter transexenal”. En ese contexto, los legisladores del PRI explicaron que el trabajo de los organismos autónomos es relevante porque, para la implementación de programas o políticas públicas por parte del gobierno, se requiere contar con datos actuales e información oportuna, los cuales no pueden ser recabados por las dependencias del Ejecutivo, debido a la alta especificidad y carga de trabajo que por cuestiones logísticas no podrían realizarlo de forma eficaz. Para ello, necesita de instituciones autónomas. Señalan que información proveída por el Banco de México, la Comisión Federal de Competencia Económica o el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, les permite “mantenerse fuera de luchas políticas o electorales, es decir, funcionan para discernir el trabajo técnico y objetivo de las visiones subjetivas de la arena pública o política, ya que incluso esta misma información puede ser utilizada por el sector privado o en el contexto internacional”. No obstante, indicaron que el Ejecutivo ha cuestionado el funcionamiento y propuso la desaparición de algunos órganos autónomos. Consideraron, en contraste, que la consecuencia de la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) o de la Cofece contravendría lo estipulado en los tratados comerciales. El gasto de estos últimos tres órganos constitucionales representa solo 1 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación, añaden.
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