Avanza juicio político contra ex titular del Poder Judicial, Sofía Martínez Huerta, quien acusa persecución política. | ||||||
Sin embargo, cuestionada respecto a qué garantías podría acceder la magistrada, para llevar un proceso apegado a la legalidad, la diputada secretaria de la Comisión Instructora, Jessica Ramírez Cisneros, de Morena, evadió responder, pese a que Martínez Huerta ha denunciado una persecución política en su contra. | ||||||
Jueves 04 de Marzo de 2021 | ||||||
Por: REDACCION GOBERNANTES | ||||||
Sin embargo, cuestionada respecto a qué garantías podría acceder la magistrada, para llevar un proceso apegado a la legalidad, la diputada secretaria de la Comisión Instructora, Jessica Ramírez Cisneros, de Morena, evadió responder, pese a que Martínez Huerta ha denunciado una persecución política en su contra. “Vuelvo a guardar la parte de la secrecía de la Comisión", sostuvo la diputada morenista. La legisladora recordó que tras la conclusión de la audiencia, la Comisión tendrá 24 horas para recibir la respuesta de la defensa de Martínez Huerta, así como 3 días para dictaminar. "Tenemos hasta el día martes para que nosotros entreguemos nuestra parte para contestarle a la Magistrada", señaló la legisladora. El despacho "Aguirre & Montoya Abogados" señaló que la única vía legal que permite someter ante la justicia a un magistrado en funciones es el juicio político, puesto que la magistrada intervino en la jurisdicción del juez, José Clemente Zorrilla Rostro, sin la autorización del Consejo. En caso de que el dictamen de la Comisión sea en sentido positivo se requiere del voto de las dos terceras partes del Congreso para validarlo, es decir, al menos 34 votos o mayoría calificada. De acuerdo con la Ley de Juicio Político del Estado, la Comisión Permanente Instructora dictaminará los hechos denunciados, en el plazo de tres días posteriores a la fecha de la audiencia de pruebas y alegatos. Si de las constancias existentes se desprende que el denunciado no es responsable de los actos u omisiones imputados, la Comisión Permanente Instructora, en su dictamen, propondrá al jurado de acusación que acuerde no ha lugar a proceder en contra del servidor público. Si de las constancias del procedimiento apareciera la responsabilidad del servidor público, la Comisión dictaminará que está legalmente comprobada la conducta o el hecho materia de la denuncia y la responsabilidad del encausado, y la propuesta de sanción que deba imponerse. En caso de ser aprobado el juicio político, iniciado tras una denuncia en su contra, la magistrada sería retirada del cargo e inhabilitada para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un período de uno hasta diez años, "atendiendo a la gravedad de la infracción". |
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