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.- Contrario a lo que pregona el Gobierno Federal, en México, alerta Amnistía Internacional (precio al Dia Internacional de la Mujer), las mujeres que participan en marchas y movilizaciones en contra de la violencia de género están expuestas a ser agredidas de diversas formas por parte de los cuerpos de seguridad, como parte de un escenario de criminalización y estigmatización generado tanto por las autoridades como por algunos medios informativos. En su informe “México: La era de las mujeres. Estigma y violencia contra mujeres que protestan”, la organización advirtió que aunque el derecho humano a la libertad de reunión pacífica está supuestamente garantizado en el País, en la realidad muchas mujeres sufren violencia y vulneración de ésta y otras garantías básicas al salir a manifestarse en las calles. “Distintos cuerpos policiales han infringido los derechos de las mujeres y las niñas, incluyendo los derechos a la reunión pacífica, a la libertad, a la integridad personal, a estar libres de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y a vivir una vida libre de violencia”, señaló AI en su estudio. De igual forma, el colectivo documentó que “las autoridades responden a las protestas de mujeres y contra la violencia de género contra las mujeres, con excesivo e innecesario uso de la fuerza, con detenciones ilegales y arbitrarias, con abuso verbal y físico basado en el género contra las mujeres y con violencia sexual”. AI México alertó que, aunque las marchas y mítines feministas y en contra de la violencia de género son mayoritariamente pacíficos, dichas acciones “han comenzado a ser estigmatizadas como violentas. “Esta caracterización por parte de las autoridades y por varios medios de comunicación, genera un ambiente hostil al derecho de reunión de las mujeres, deslegitima su activismo y facilita que tanto autoridades como particulares ejerzan violencia en su contra”. Asimismo, la organización recalcó que “el estigma sobre las manifestaciones feministas y contra la violencia de género, se basa en y refuerza estereotipos de género contra las mujeres, es decir, roles y concepciones tradicionalmente asignados por la sociedad a las mujeres”, como que “las mujeres deben quedarse en casa en lugar de buscarse problemas al manifestarse”. A lo anterior se suman otros elementos de exclusión y marginación en contra de las mujeres que viven en la periferia de la Ciudad de México, así como “sesgos discriminatorios” en contra de las manifestantes que se cubren el rostro –incluso con cubrebocas como medida sanitaria para protegerse del contagio de la COVID-19–, o se visten de negro. Las mujeres que lo hacen, puntualizó AI México, son “consideradas sospechosas de querer cometer o haber cometido un delito”, cuando “el ocultar el rostro o vestirse de negro no puede equipararse a la comisión de un delito, o a la suposición de uso de violencia durante las manifestaciones”. Por otro lado, el informe documentó “el uso innecesario, excesivo y desproporcionado de la fuerza como una forma de inhibir el derecho de reunión pacífica, a través de “detenciones o aseguramientos preventivos” para detener arbitrariamente a quienes desean participar en manifestaciones o por “sospechas” de querer realizar un delito. Luego de mencionar casos de represión y uso excesivo de la fuerza en contra de movilizaciones de mujeres en ciudades como Culiacán, León, Ecatepec, Atizapán y Cancún –donde incluso la policía abrió fuego en contra de las manifestantes--, la organización de derechos humanos indicó que las personas detenidas sufrieron un “intenso miedo de ser víctimas de desaparición” u otros abusos graves, lo cual implica una forma de tortura y tratos crueles e inhumanos. El estudio también consideró “preocupante el uso de diversas formas de violencia sexual por integrantes de los cuerpos policiales contra las manifestantes, como una forma de violencia basada en género y como una táctica para aleccionar a las manifestantes por supuestamente estar comportándose de forma contraria al orden público”. “Dado el nivel de violencia que sufren las mujeres y las niñas que participan en manifestaciones en México, y el escalamiento de la violencia en su contra por parte de las autoridades, Amnistía Internacional considera que se configura una situación de riesgo particular para las manifestantes feministas y que se pronuncian contra la violencia de género”, subrayó el informe. Por todo lo anterior, AI México llamó a las autoridades mexicanas a “adoptar medidas concretas para garantizar el derecho a la libre reunión pacífica, el derecho a estar libre de violencia, y todos los derechos humanos de las manifestantes en cada una de las protestas en que partícipe este grupo de personas”. Algunas de dichas medidas, indicó, son abstenerse de hacer declaraciones estigmatizantes contra las manifestaciones feministas y que se pronuncian contra la violencia de género contra las mujeres; reconocer que pintar consignas o símbolos, así como modificar monumentos, son manifestaciones de la libertad de expresión y no pueden ser considerados como actos violentos, que den lugar al uso de la fuerza durante manifestaciones o detenciones. Otras recomendaciones tienen que ver con adoptar medidas para prevenir, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia; fortalecer el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual Cometida contra las Mujeres, y responder a los posibles hechos de violencia perpetrados por grupos específicos de manifestantes de manera diferenciada y proporcionada, respetando y protegiendo el derecho de reunión pacífica de quienes se manifiestan pacíficamente.
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