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Luego de la aprobación de la reforma legal que crea la figura del crédito de nómina de cobranza delegada, la coordinadora del Barzón de Resistencia Civil, Teresa Carbajal Vásquez, advirtió que ésta afectará gravemente a los ingresos de los trabajadores con cobros directos y excesivos a su nómina, como parte de los convenios que pueden firmar sus patrones con financieras. Explicó que este mecanismo tiene como objetivo ya no ir a juicio para recuperar las deudas, pero los legisladores olvidan que los trabajadores estarían renunciando al derecho al debido proceso, “se está permitiendo el embargo automático de sus salarios sin necesidad de que los acreedores vayan a juicio y esto es sumamente grave”, consideró. Carbajal Vázquez dijo que con ello se permitirá el descuento automático del salario del trabajador con cargo a prestaciones como sobresueldos, prestaciones, compensaciones, indemnizaciones, pensiones y rentas, entre otros. El empleador aceptará también la obligación de responder de manera civil, administrativa o en la vía penal por la falta pago de estas cantidades, por lo cual podrá ser objeto de acción ejecutiva o de embargo sobre bienes en caso de que no se paguen las cantidades. Recordó que este mecanismo ya se realiza en Veracruz con empleados de diversas dependencias de Gobierno del estado, a los que en muchos casos los dejan con cantidades menores a la que requieren para subsistir, trayendo afectaciones directas al ingreso de las familias. “Es una iniciativa que debe ser rechazada por la Cámara de Diputados; en el Barzón creemos que el salario es inembargable por disposición de la Constitución y así debe seguir”. Dijo que este mecanismo ha sido durante muchos años un negocio predatorio en Veracruz, que ha permitido abusos y atropellos a los derechos humanos de los trabajadores y propiciado el sobreendeudamiento. “No solo porque en su mayoría se accede a ellos en situaciones de necesidades como sucede en casi cualquier crédito y tampoco por las elevadas tasas de intereses que deben cubrir los usuarios, sino por la falta de transparencia, equidad, seguridad jurídica a favor de los prestamistas y en perjuicio del patrimonio de los asalariados”, concluyó.
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