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Aunque ya todos los auditados con severos señalamientos aseguran ahora que las indagaciones a sus cuentas son incorrectas, lo ciertos es que los posibles errores o discrepancias que haya en los estudios de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el monto de cancelación del aeropuerto en Texcoco no deben servir para descalificar todo el trabajo de la Entidad revisora, afirma el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, Mario Alberto Rodríguez. La auditoría (sobre el aeropuerto de Texcoco) tenemos que revisarla, porque todavía está sujeta a análisis para ver si hubo o no un error. El hecho de que pueda haberlo no significa que (todo) esté mal. No podemos generalizar, por una acción particular, el trabajo amplio de la ASF, indicó el legislador de Movimiento Ciudadano. Indicó que el auditor especial Agustín Caso Raphael, autor del informe sobre la cancelación del NAIM, no estaba facultado para salir por su cuenta a decir que pudo haber equivocaciones en el reporte, por lo que es necesario esperar a que se realice una investigación y deslindar responsabilidades. La mesa de confronta, más allá de que la ASF se haya retractado, tendrá una duración aproximada de un mes, explicó el diputado, quien llamó a no hacer juicios apresurados ni a politizar el tema. En tanto, senadores de Morena se pronunciaron por la remoción del titular de la ASF, David Colmenares, al considerar que perdió credibilidad al falsear información con el fin de dañar al gobierno del presidente López Obrador. Dijeron que no se trata sólo de un error monumental, sino de una estrategia de alguien que responde a los intereses de quienes lo llevaron a ese cargo. Eduardo Ramírez, presidente del Senado, consideró que el Ejecutivo federal está en todo su derecho de manifestarse y solicitar que la ASF rinda cuentas, ya que es un órgano autónomo, pero no intocable. La Cámara de Diputados, agregó, deberá tomar cartas en el asunto. A su vez, Salomón Jara consideró que Colmenares debe ser destituido y sometido, además, a juicio político por haber manipulado la fiscalización de la cuenta pública 2019, siguiendo órdenes del PRI y del PAN para golpear al gobierno del presidente López Obrador y a Morena.
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