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.- Luego de que el 4 de diciembre del año pasado se realizó una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que la Fiscalía General de Veracruz (FGE) y representantes del Gobierno de México insistieron en que la investigación por la muerte de la indígena veracruzana Ernestina Ascencio estuvo apegada a derecho, el organismo internacional demandó información y el 10 de diciembre de 2020 el Gobierno federal aseguró que no compartía la postura de la FGE – es decir, se lavó las manos con relación a la posición de la Fiscalía veracruzana - y que reabriría el caso, además de que presentaría su propia postura ante la Corte. En ese sentido, el Estado debía responder las cuestiones formuladas por la CIDH durante la audiencia, pero lo que se presentó fue una solicitud de 10 días de prórroga para remitir la información, la cual le fue concedida el pasado 7 de enero del presente año, venciendo el 17 del mismo mes. Sin embargo, de acuerdo con el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara y Kalli Luz Marina, organizaciones que llevaron el caso a la Corte Interamericana, “a un mes de vencimiento del plazo para que el Estado remitiera a la CIDH las respuestas y propuesta comprometidas, las mismas no han sido recibidas por las peticionarias, aunque sí otros documentos de trámite”. Así las cosas, el gobierno mexicano sigue sin responder ante la Corte Interamericana por las irregularidades en el caso, tales como el dictamen pericial que fue modificado al pasar de violación sexual a anemia aguda derivada de sangrado de tubo digestivo. “Las peticionarias hemos solicitado a la CIDH la emisión a la mayor brevedad posible, del Informe de fondo, determinando las violaciones de derechos humanos en que ha incurrido el Estado mexicano en este caso y le formule las recomendaciones tendientes a garantizar a las víctimas y al conjunto de la sociedad, la verdad y la justicia integral que el Estado ha negado reiteradamente”, señalaron. Por lo anterior, refrendaron las ocho peticiones expresadas en la audiencia del 4 de diciembre 2020: 1. Que se garantice el derecho a la verdad, justicia y reparación para doña Ernestina y sus familiares; así como la no repetición de estos hechos contra mujeres indígenas, en la región de Zongolica y en ningún otro lugar del país; 2. Verdad y memoria, para lo cual el Estado mexicano en acuerdo con las peticionarias debe gestionar una investigación independiente con cargo al propio Estado, bajo el prisma y la colaboración de instancias nacionales e internacionales especialistas en materia de derechos de las mujeres indígenas, tendiente a conocer la verdad de lo ocurrido, así como la cadena de responsabilidades. El resultado de dicha investigación deberá hacerse público por el presidente de la República, incluyendo el reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública a los familiares de la señora Ernestina. Sobre la base de las conclusiones, identificar, localizar y sancionar a los responsables, cuya investigación debe hacerse desde una perspectiva interseccional y de género que haga visible las diferentes afectaciones sufridas por la víctima; 3. Adopción de medidas tendientes a honrar la imagen y memoria de la víctima de manera adecuada a su cultura y en acuerdo con su familia; 4. Que se otorgue reparación integral en el contexto cultural y comunitario de las consecuencias ocasionadas a la familia de la víctima, de acuerdo con los estándares establecidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de manera que recuperen su tranquilidad y repare los daños que la perdida de la señora haya causado en sus vidas;5. Que con la participación de mujeres indígenas representantes de organizaciones nacionales e internacionales, identificar medidas para diseñar e implementar de manera progresiva los derechos económicos, sociales y culturales en las mujeres y pueblos indígenas, en particular, que se garantice el derecho a la salud integral e intercultural, con especial atención en la traducción e interpretación en las lenguas indígenas; 6. Que se adopten medidas estructurales de garantía y respeto de la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas, vulnerados con hechos tan atroces como los sufridos por la víctima, asegurando que no lo vuelva a vivir ninguna mujer indígena, que ningún territorio indígena sea ocupado por militares y el retiro de la Guardia Nacional de los territorios indígenas en el país, a menos que las propias comunidades soliciten su presencia, la cual sea supervisada, de manera que garantice a las mujeres indígenas, el ejercicio de sus derechos humanos, incluido el derecho a vivir libres de violencias y discriminación; 7. Que se adopten medidas legislativas, administrativas o de cualquier otro carácter, necesarias a fin de garantizar legitimación pública para accionar la justicia penal en casos de violaciones graves a derechos humanos, así como para garantizar el acceso a la información relativa a dichos casos y la eficacia, y 8. Que cese la persecución y se brinde protección, reconocimiento y reparación del daño ocasionado, a sus familiares y a las personas que a través de los años han defendido la verdad y la justicia ante lo ocurrido, entre ellos, periodistas, servidores públicos y defensores de derechos humanos.
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