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Aunque si es posible que Gobiernos Estatales y empresarios puedan adquirir vacunas contra Covid-19 a pesar de tener clasificación para uso únicamente de emergencia, debe ser el gobierno federal o las administraciones estatales quienes las adquieran, y ser muy escrupulosos en manos de quién pone las dosis para evitar su sobreprecio y especulación, alerta Miguel Ángel Toscano, extitular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Refiere que el Consejo Nacional de Salubridad, y no la Cofepris, es el órgano encargado de modificar que sólo el gobierno Federal puede adquirir las vacunas contra el nuevo coronavirus. “Como ex titular de Cofepris: por supuesto que es posible que los particulares puedan comprar vacunas y después venderla. (Pero) eso tiene que venir especificado en el registro sanitario que se otorga a las empresas (farmacéuticas). Normalmente en el registro se pone la leyenda: para uso exclusivo del sector público y/o para uso del sector privado. Pero cuando no se dice que se puede vender en un sector u en otro, se puede vender en ambos sectores. Ahora, yo entiendo que por ser una pandemia como la que estamos viviendo, no podríamos permitir que los particulares acaparen el mercado de las vacunas, sobre todo cuando no hay ni siquiera vacunas para las personas en México. “Entonces, sabiendo que los particulares son acaparadores, porque así es el mercado, en este caso particular debe ser el Estado, llámese el Estado federal o las entidades federativas, las que compren la vacuna y que la distribución la hagan los particulares”. Consideró conveniente que el Estado adquiera las vacunas y las entregue a particulares específicos y con experiencia, como laboratorios médicos y hospitales privados, donde pueda ser vendida y aplicada a la población en general a un precio establecido por la autoridad. “¿Qué significa esto? Que el Estado la compra y ellos podrían aplicar la vacuna a un precio muy bajo, yo creo que el precio se puede pactar con el gobierno federal para que no haya ningún abuso por parte de los particulares, porque luego vas al médico y te quieren cobrar la vacuna en 1,500 pesos más la consulta médica y terminas pagando 2,500 pesos. Eso se puede evitar con una cuota fija marcada en 50 o 100 pesos para que pueda el hospital (o laboratorio) pagar la luz, los congeladores que deberán tener para poder congelar la vacuna de Pfizer, o para tener al personal suficiente que va a aplicar la vacuna". Toscano mencionó que el gobierno federal debe definir específicamente lo que pueden hacer los particulares y gobiernos estatales, además que no haya contradicción entre lo que dice la Presidencia de la República y la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. “Yo creo que una medida prudente sería abrir la vacunación al sector privado, que puede ser de dos maneras: en la distribución exclusivamente para la aplicación de la vacuna, o si quisiera adquirir las vacunas para que esto sea mucho más rápido”, dijo.
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