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.- Para los pueblos indígenas de diversas comunidades del País –ancestralmente marginados y acallados- y organizaciones de la sociedad civil, la decisión de la Coarte de confirmar la constitucionalidad de le Ley Minera significa un retroceso en la construcción del Estado pluricultural y la protección de los territorios y patrimonios bioculturales de pueblos y comunidades. Y es que además, al negar la inconstitucionalidad de esa ley, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ignora que 35 por ciento del territorio nacional se encuentra concesionado a empresas mineras y decidió “validar un sistema que históricamente ha despojado de su territorio a los pueblos indígenas, y que ha cometido, de forma recurrente, violaciones a sus derechos humanos”, señaló el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Por ello, las comunidades indígenas y las organizaciones no gubernamentales involucradas, estudian la posibilidad de “presentar, en su momento, el caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para buscar acceder a la justicia que el Estado mexicano les ha negado”. De igual forma, la Corte “ignoró todos los argumentos” esgrimidos tanto por las comunidades como a través de distintos Amicus curiae, presentados por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Earthjustice, la Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes de Colombia, el Environmental Defender Law Center (EDLC), y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Como fuera, la segunda sala de la SCJN resolvió negar el amparo promovido por comunidades indígenas de Puebla, quienes reclamaban la inconstitucionalidad de la Ley Minera. Los pueblos y las organizaciones civiles calificaron como “muy negativo” el hecho de que la SCJN “haya actuado con opacidad” al haber hecho público el proyecto de resolución del ministro Javier Laynez Potisek apenas un par de días antes de votarlo, “sin que hubiera la oportunidad de tener una amplia discusión pública”. El objeto del amparo interpuesto por el Consejo Maseual Altepetajpianij era “visibilizar cómo es que por medio de la Ley Minera se impone un modelo de desarrollo que nulifica los derechos de los pueblos, particularmente a la libre determinación y al territorio, esto es, que invisibiliza su vida social, económica, política y espiritual”. Es por ello, que no se trata sólo de un asunto sobre el derecho a la consulta, sino de cómo se construye la legislación en México. A decir del Cemda, la Ley Minera vigente debió ser elaborada por el Congreso de la Unión con los pueblos indígenas debido a que “se pueden generar impactos significativos en la vida y entorno de los pueblos indígenas”. Además, se debieron regular en el contenido de la legislación mecanismos para respetar y proteger los derechos fundamentales como el territorio, el agua y la autodeterminación de los pueblos indígenas tal y como se ha hecho en otras leyes.
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