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.- La estrategia del gobierno Federal respecto a los centros de reinserción social por Contrato de Prestación de Servicios (CPS), señalándolos de ser “hoteles de lujo”, busca desviar la conversación de la realidad del sistema penitenciario en México que se encuentra en grave deficiencia en todos los sentidos, denuncia organizaciones sociales. Y es que si bien los organismos defensores de Derechos Humanos reconocen la intención del gobierno de hacer pública la información sobre los contratos millonarios hechos para construir y operar estos centros, después de 9 años en la opacidad, destacaron que si en efecto, el gobierno federal buscará dar un término anterior a los contratos que se generaron en 2010, quedan aún interrogantes muy importantes sobre el uso y efecto de los CPS, además de advertir el peligro de señalar estos centros como “hoteles de lujo”, pues la realidad es que a su interior se ha documentado tortura sistemática, abuso de prisión preventiva, reincidencia delictiva, violencia sexual, violencia institucional contra las mujeres, personas de la comunidad LGBTTTQI+ olvidadas, hacinamiento, autogobierno, falta de condiciones de vida digna, víctimas de abuso y las miles de personas que por los traslados masivos han sido alejadas de sus familias. A través de un comunicado, decenas de organizaciones sociales como Asistencia Legal por los Derechos Humanos AC ASILEGAL; Fundación Mexicana de Reintegración Social, Reintegra AC Interculturalidad, Salud y Derechos A.C. INSADE; el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, entre otros, añadieron que durante los últimos dos años bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, se han cerrado 5 de los Centros Federales de Reinserción Social más grandes del país: Islas Marías, Puente Grande, Sureste de Huimanguillo, Norte de Ciudad Juárez y Matamoros. Por lo que esos cierres parecen atender a un foco del que el gobierno federal no ha querido bajar el dedo del renglón: “se necesitan ocupar los CPS pues se están pagando extraorbitantes cantidades de dinero público para su operación y uso, cuando hay pocas personas privadas de libertad dentro de ellos”. Sin embargo, destacaron que la inversión destinada a los CPS no ha contribuido a garantizar derechos humanos: en todos los CPS hay insuficiencia de personal de seguridad y custodia, y en 7 de los 8 centros existen deficiencias en los servicios de salud. Además de quedar el vilo el papel del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNPT) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para poder acceder a los centros y generar información sin opacidad de los mismos, atender sus recomendaciones y también la de organismos internacionales como el Sub Comité contra la Tortura de la ONU (CAT) en 2019. Misma que en su documento público, mostró los graves rezagos que se deben atender, así como el inequívoco señalamiento de la tortura como una práctica sistemática en las prisiones del país. En tanto, mientras el problema advertido por el gobierno federal es que a los CPS se les otorgaron contratos con 20 años de duración y para cumplir con los 11 años restantes comprometidos por el gobierno, se estaría pagando un total general de 266 mil 300 millones de pesos. Las organizaciones también señalan que estos centros se han mantenido al margen de sus capacidades tanto de cantidad de personas como servicios presentados, por lo que se han llevado a cabo más de 3500 traslados de personas privadas de libertad de diferentes centros del país hacia ellos. Los traslados, además de generar situaciones de extrema vulnerabilidad para abusos de derechos humanos, causan la transferencia de la pena a sus familiares: ellas y ellos son quienes seguido se ven afectados por los costos para hacer visitas, dar víveres o, en los peores casos, la desaparición, tortura y falta de información de la persona privada de libertad.
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