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.- Aunque aclaró que no se encuentra en contra de las políticas federales, sino a favor de la defensa de los veracruzanos, el senador de Morena, Ricardo Ahued Bardahuil, afirmó sin rodeos que la Planta Nuclear de Laguna Verde debe someterse a revisión a nivel local e internacional para conocer su presente y futuro en seguridad, pero también tener transparencia en el tema de los contratos. Y es que, por un lado, el legislador xalapeño cuestiona ¿dónde está el dinero que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT; que la Comisión Federal de Electricidad, las autoridades y municipios debieron haber aplicado durante muchos años?. “Tenía que haber una inversión desde otros sexenios. Se tenía recurso de fondos para puentes, caminos de emergencia y salida de las comunidades, pero el dinero fue desviado. Tenemos datos y evidencias. Los pobladores en caso de emergencia tendrían que salir, pero no podrían con los baches", sostuvo. Ahued Bardahuil reiteró que por eso el reclamo de los pobladores que están alrededor de Laguna Verde y que piden justicia”. En ese sentido, dijo que para dar certeza debe prevalecer la transparencia y por lo tanto es necesario revisar los contratos de la CFE y la aplicación de recursos. El también ex alcalde de Xalapa refirió que se debe convocar a especialistas nacionales e internacionales para que revisen las condiciones y características de seguridad de la planta, pues si bien recordó que es una central con alto grado de beneficio, que genera el 4 por ciento de la energía del país, también cuenta con alta responsabilidad ante el importante número de comunidades que se encuentran alrededor y donde no se ha invertido en caminos de emergencia e infraestructura en general. Por lo anterior, subrayó que es obligación de la CFE y de las autoridades estatales y federales que los caminos se encuentren en buen estado, pues actualmente los pobladores no podrían salir en caso de emergencia. En ese sentido, recordó que en el Senado de la República presentó en su momento un documento para solicitar que la Comisión responda sobre los hechos. Sin embargo, dijo que los trabajos se cancelaron en enero por motivo de la pandemia y se reactivan en febrero, por lo que esperará a que le respondan al respecto. Por otro lado, el senador veracruzano afirmó que para desarrollar el Sur del país se deben equilibrar los criterios de reclasificación de tarifas, recordando que están relacionadas con las temperaturas estatales. Dijo que incluso 11 grupos de resistencia mantienen su lucha para exigir un trato similar al de Tabasco, estado que tiene la tarifa más baja del país. Y es que – de acuerdo con Laura Morales, de Diario Imagen - puso como ejemplo que si se instala una industria en Coatzacoalcos se pagará 10 veces más la tarifa que paga aquella entidad, por el mismo consumo. "En Veracruz si se hace una revisión de temperaturas ya no son las mismas, incluso tenemos picos iguales o más altos que Tabasco y sin embargo no nos dan el mismo trato. Xalapa tiene la tarifa más cara del país, sin embargo, se puede balancear, no se trata de pagar menos por pagar menos". En ese sentido, el senador consideró incongruente que a Tabasco le condonaran cuatro mil millones de adeudos mientras que en Veracruz los usuarios domésticos debían 170 millones de pesos de casi 400 millones, pues el resto lo debían los municipios. Por último, con relación a la desaparición de organismos autónomos confió tener los documentos necesarios para tener una definición al respecto. Sin embargo, dijo que no todos deberían estar en la mira para desaparecer, sobre todo aquellos que son instrumento para que los ciudadanos puedan accesar a información de lo que se hace en el gobierno. "Es motivo de revisar. Hay organismos que no sirvieron para tener mejores instituciones de gobierno transparentes y viables, pues fue un gran saqueo en el pasado", sostuvo. El legislador consideró válido tener diferencia de criterios aunque coincidió en las aseveraciones del Ejecutivo federal sobre no mantener una alta estructura en organismos que no tienen razón de ser. Recordó que el argumento es que los organismos autónomos duplican funciones, el costo de mantenerlos es alto, y el recurso puede utilizarse en salud, educación y en el bienestar general. Y es que se estima que son mil millones de pesos los que cuestan mantener el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
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