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.- La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) entregó al Congreso de la Unión el paquete de estados financieros de los centros de estudio debidamente auditados, y en su intervención el secretario general de la Anuies, Jaime Valls Esponda reiteró que desde la Anuies “reconocemos el arduo trabajo de las universidades públicas estatales y su firme compromiso de contribuir al bienestar de la sociedad mexicana. Queremos dejar constancia del trabajo y esfuerzo cotidiano de sus comunidades y de la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas que prevalece en estas casas de estudio". Valls Esponda adujo que las 35 universidades representadas en la asociación integran el subsistema de educación superior público más importante del país, pues que son responsables de la formación del 40 por ciento de la matrícula nacional atendida en instituciones públicas; en conjunto, han alcanzado el porcentaje más alto de población escolar atendida en programas de licenciatura reconocidos por su calidad, ya que el 87 por ciento de sus alumnos están inscritos en programas evaluados y acreditados por organismos externos. Algunos programas, abundó, cuentan inclusive con acreditación internacional. Este indicador se ubica 36 puntos porcentuales arriba del promedio nacional que es de 51 por ciento. Además, el 60 por ciento de sus alumnos de posgrado están inscritos en programas registrados en el Padrón del Programa de Posgrado de Calidad del CONACYT y dentro de su planta académica se encuentran 10 mil 457 miembros del Sistema Nacional de Investigadores, lo que equivale al 40 por ciento de la membresía de este sistema. No obstante esa capacidad, prendió la señal de alarma, pues “vemos con gran preocupación el deterioro sistemático del presupuesto dedicado a la educación superior, lo cual genera un ambiente de incertidumbre y reduce las capacidades de las instituciones educativas, poniendo en riesgo el cumplimiento de la misión que la sociedad les ha encomendado. “Para nuestra Asociación es motivo de gran preocupación la situación financiera crítica que enfrentan un grupo de universidades públicas. Debemos precisar que no se trata de un problema coyuntural, ya que estas instituciones han operado en condiciones deficitarias en los últimos años como resultado de lo ya expresado y por el déficit presupuestal derivado de sus sistemas de pensiones y jubilaciones”. “La solución a estos problemas estructurales requiere de una política renovada de financiamiento con la corresponsabilidad de los distintos órdenes de gobierno y el compromiso de las instituciones de educación superior para llevar a cabo las reformas que permitan su sostenibilidad financiera en el largo plazo”, insistió. Frente a la gravedad financiera de las universidades, Adela Piña, presidenta de la Comisión de Educación en San Lázaro, dio una pobre exposición, se dedicó en gran parte a exponer la gravedad derivada de pandemia, y repuso con lo siguiente: “Sabemos que uno de los temas fundamentales de este gobierno, es acabar con la corrupción y que los recursos tengan los destinos para los que se dan, que lleguen a esas manos y no tengan ningún tipo de desvíos. Vamos a seguir trabajando en la Ley General de Educación Superior, estamos afinando algunas situaciones, y que llegue esta minuta del Senado, haremos lo propio…”. En el mismo tenor, Rogelio Garza, rector de la Universidad de Nuevo León, a nombre de las universidades del noreste del país, desglosó el compromiso de los empresarios centros de estudio.
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