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.- Duro y a la cabeza, el presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF), Armando Leñero, considera que la propuesta en materia de outsourcing que envió el Ejecutivo a la Cámara de Diputados busca cambios “cosméticos” que no frenan las malas prácticas y dejan fuera aspectos fundamentales como la calidad del empleo de los trabajadores en el País. Para el presidente del CEEF se tiene que realizar un análisis muy claro para distinguir sobre dónde el outsourcing actúa de manera ilegal, para supervisar estas prácticas y -en su caso- sancionarlas. Las propuestas emitidas por el Ejecutivo se concentran en la idea de eliminar la subcontratación de personas y crear un registro de a quién se puede otorgar permiso para operar bajo el modelo de subcontratación de trabajos especializados. Más no se habla de cómo dar mayor seguridad y calidad en el empleo a los trabajadores, ya sea que estén actualmente contratados por outsourcing, insourcing o sean empleados directos, indica. “Actuar de esa manera es hacer un cambio cosmético sobre este esquema, no generar un análisis detallado de cómo mejorar las contrataciones hechas bajo los tres modelos de subcontratación -outsourcing, insourcing o empleados directos-”, comenta Leñero. El titular del CEEF expuso que se han hecho diversos análisis, y aunque se habla del problema del pago de las utilidades de los trabajadores (PTU); no es un asunto de fondo que contribuya a fortalecer el empleo de calidad. En la justificación de la iniciativa, dijo Leñero, se indica que se pretende "poner en orden" a la subcontratación laboral, en la que participan más de 4.6 millones de trabajadores. La propuesta busca regular tres figuras: la subcontratación de personal, los servicios especializados y de obras especializadas y las agencias de colocación; pero “lo que se pretende es eliminar la subcontratación de personal, que no tendría por qué ser impactada, pues se encuentra regulada en la Ley Federal del Trabajo. Lo que requiere es supervisión y sanción”, mencionó.
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