|
|
Foto:
.
|
.-
Cuando las coincidencias son muchas, es porque mucho hay de realidad, y en ese tenor, una mesa de discusión virtual, realizada en el marco de la Feria Internacional de Libro de Guadalajara concluyó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no considera al Derecho como un límite al poder que ejerce, sino un instrumento de su acción política y constantemente incurre en violaciones al marco constitucional, amparado en la legitimidad que le dieron las urnas. En ese contexto, el director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Sergio López Ayllón, expuso que López Obrador promete una ruta de transformación del País, a través del Derecho y las instituciones, pero, en la práctica, en reiteradas ocasiones, sus actos carecen de sustento constitucional y legal. Lo delicado, dice, es que con ese tipo de acciones, el Derecho, en lugar de contener y encausar al poder, se vuelve instrumental a él. Además, hay una voluntad de transformación que no sigue la ruta que marca el Estado de Derecho. Incluso recordó cuando el mandatario mencionó que, en caso de duda sobre qué debe pesar más si el Derecho o la justicia, debe preferirse la justicia. Eso socaba las bases del Derecho. Para el académico, el jefe del Ejecutivo federal, tiene una muy complicada relación con el Derecho y con la Constitución y un ejemplo de ello son las decisiones que tomó para establecer la Guardia Nacional. El 14 de mayo de 2020, en la conferencia de prensa matutina, López Obrador expuso que el mando de esa nueva corporación debería estar adscrito a las Fuerzas Armadas; que tendría que existir una relación de coordinación entre autoridades civiles y militares y que dicha coordinación se llevará a cabo a través de un consejo. El problema es que esas tres afirmaciones son abiertamente inconstitucionales, afirma el especialista. Por ello insistió que el rasgo más preocupante de esta administración es una tendencia hacia un populismo punitivo que se muestra en reformas a la Guardia Nacional, prisión preventiva oficiosa y extinción de dominio, que apuntan a un reforzamiento de las capacidades de control y represión del Estado. Ello da una dimensión preocupante del uso de la fuerza del Estado en condiciones en que no se respeta el Estado de Derecho. También llamó la atención en una tendencia preocupante, a la que se refirió como la excepcionalidad administrativa, según la cual, cuando la vía constitucional no es la viable o es demasiado lenta, lo que hace el Presidente es que usa decretos que claramente violentan las normas constitucionales y legales. Puso como ejemplo de esa actitud, la circular en la que ordena que no se destinen recursos a organizaciones de la sociedad civil, que ni siquiera fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y el memorándum que deja sin efecto la Reforma Educativa de 2013 y las medidas de austeridad republicana. Eso se ha traducido en un número importante de recursos legales interpuestos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en forma de amparos, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, impulsados por ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos estatales y municipales y organismos constitucionalmente autónomos. Por su parte, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar, expuso que un Estado de Derecho es aquel donde el Derecho limita, moldea y encausa al poder, mientras que, en los Estados absolutos, el poder es el que hace lo propio con el Derecho. Para el académico, esa disyuntiva teórica nos debe llevar a reflexionar con mucha atención las particularidades del presente mexicano. Destacó que es claro que el presidente López Obrador no se siente cómodo con el Derecho. “Para el Presidente, el derecho es un estorbo, un obstáculo. Las normas jurídicas retrasan la implementación de las decisiones políticas y dificultan el despliegue de la agenda presidencial” y lo ha dicho el propio mandatario. Desde su perspectiva, el jefe del Ejecutivo pretende escindir lo que llama la justicia del instrumental jurídico. Recordó que para el mandatario lo que no está prohibido está permitido, lo cual constituye un flagrante sentido inverso de la legalidad, porque los funcionarios públicos solo pueden realizar aquellos actos para los cuales se encuentran expresamente facultados por la ley. A su vez, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío, destacó que el problema de fondo radica en que lo que establece el Derecho son reglas sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer por parte de ciudadanos y autoridades. Sin embargo, por ejemplo, este gobierno donde el Derecho dice que los fideicomisos están destinados para ciertas funciones para lograr ciertos fines, el Presidente encuentra que ese dinero sería más útil en una forma distinta. López Obrador tiene una concepción del país y encuentra que 30 millones de personas le dieron el mandato y se asume legitimado para hacer del Derecho un instrumento de su decisión política, no una restricción a su actuar político. Dijo que lo grave y preocupante es que, si alguien hace uso de sus derechos y se ampara en contra de lo que dispone el mandatario, lo acusan de pertenecer al cártel de los amparistas y lo trata como si hubiera cometido una afrenta contra su administración. A su vez la abogada Leticia Bonifaz Alonso, manifestó que uno de los problemas de esta administración es que está perdido el eje que constituye el Plan Nacional de Desarrollo, que debe actuar como articulador de las políticas públicas. Mencionó que, aunque se han logrado reformas muy importantes y positivas como el hecho de elevar a rango constitucional el reconocimiento de las comunidades afrodescendientes, desde la política pública de esta administración no se le ha dado la relevancia que tiene. También destacó que si bien el gobierno federal ha tomado diversas decisiones, se han controvertido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que hay que esperar a que ésta se manifieste.
|
