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.- Para el abogado Juan Miguel Reboulén Uribe la posibilidad de que los mexicanos puedan consumir y comercializar marihuana bajo normas específicas debe dar certidumbre jurídica y cerrar espacios al narcotráfico y otros delitos. Y es que, luego de que el pasado martes 24 de noviembre la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a comisiones la minuta que expide la Ley General para la Regulación del Cannabis, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, el jurista destacó que los legisladores de la Cámara Baja deben hacer las adecuaciones para regular la comercialización de la marihuana en el marco de la salud pública, los derechos humanos y el desarrollo sostenible, y no dejar espacios a la delincuencia. Recordó que en el proyecto se establece que cada persona podrá portar hasta 28 gramos de marihuana, cuando antes el máximo eran 5 gramos, y podrá tener en su domicilio hasta 8 plantas para consumo personal. En el mismo sentido, el abogado refirió que la ley apunta al almacenamiento, aprovechamiento, cultivo, cosecha, comercialización, distribución, empaquetado, etiquetado, importación, exportación; y a crear el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud. El jurista consideró importante esa apertura, pero subrayó que la legislación debe ir un paso adelante de quienes buscarían rendijas para desvirtuarla y burlarla para buscar beneficios al margen de la ley. Por lo anterior, consideró que es necesario reglamentar quién y cómo la va a expender, qué necesita una persona para poder portarla sin que la molesten y la paren agentes y que no se degrade en corrupción por estar aprehendiendo a personas que la porten. "Es necesario que se reglamente exactamente cómo se va a hacer. Lo más obvio es que deberá ser la venta en farmacias; se puede utilizar una infraestructura; deben hacer muy bien el reglamento para la producción, distribución de la marihuana, y esa reglamentación debe ser perfectamente estudiada", señaló Reboulén Uribe. El abogado subrayó que se debe atar las manos a la delincuencia organizada para que no se acorrale a los productores de las plantas, a los distribuidores desde los centros de producción hasta los puntos de venta y a los futuros compradores. "De lo contrario todo será en vano. El objetivo es honesto: quitarle la herramienta a la delincuencia organizada para evitar que crezca tanto y que tenga un poder similar al estado. El reglamento tiene que ayudar a que se cumpla la ley, el objetivo, que es quitársela a la delincuencia organizada", aseguró. Por lo anterior, concluyó que se debe apoyar a los campesinos que producirán la cannabis, tanto en facilitar el acceso a esa modalidad como en los trámites necesarios ante la Cofepris y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para no caer en burocracia nociva ni en corrupción que los desaliente. También, conferir seguridad ante posibles embates de la delincuencia, a la que se le caería el negocio si todo saliera bien. "Los trámites deben ser sencillos, los trabajadores del campo no necesitan representantes legales para nada: tiene que ser verbal y directamente con los campesinos interesados en producir, y ojalá sirva eso para ayudarlos a salir de su miseria".
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