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.- Acaso con la intención de amedrentar a la magistrada Sofía Martínez Huerta, presuntamente para evitar que siga adelante con las acciones legales por su destitución arbitraria de su cargo de Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, la también magistrada Concepción Flores Saviaga anunció que solicitarán juicio de procedencia en contra de la ahora expresidenta del Poder Judicial por irregularidades durante su gestión. Refirió que entre las irregularidades cometidas está el presunto desvío de recursos por 60 millones de pesos del presupuesto 2020. Incluso, Flores Saviaga dijo que debido a la disposición irregular de los 60 millones de pesos del presupuesto anual, no saben si esto pondría en riesgo las prestaciones de fin de año y aguinaldos de los trabajadores. “Nosotros tenemos que darle trámite a las quejas, integrar las pruebas y en su momento, tomar la determinación, que pudiera ser, el que se pida el desafuero para que se proceda legalmente contra ella”. En este contexto, Flores Saviaga recordó que el Consejo de la Judicatura convocó a Martínez Huerta en cuatro sesiones, pero ante su negativa le levantaron las actas administrativas correspondientes por su inasistencia. Refirió que otra de las irregularidades de la magistrada fue el nombramiento de al menos tres personas en diversas áreas y que a pesar de haber sido destituidas, solamente las cambió de área. Es el caso de Iván García Sobrevilla quien era titular de la dirección general de Administración y había sido destituido, al igual que José Luis Márquez Reyes, quien se desempeñó como subdirector de Recursos Materiales, pero Martínez Huerta lo volvió a colocar como titular de Infraestructura y Supervisión de Obras. De la misma manera, Elisa Rodríguez Cruz fue subdirectora de Recursos Financieros; Mónica Morales como subdirectora de Recursos Humanos y Rosa María Jiménez Abud, también exsubdirectora de Recursos Humanos, todos ellos – de acuerdo con la magistrada Flores Saviaga - quienes habrían autorizado la transferencia y el pago de recursos públicos sin acuerdo del Consejo de la Judicatura. Por lo anterior, la magistrada recordó que los integrantes del Consejo presentaron las denuncias correspondientes ante la Contraloría Interna por dichos delitos el pasado 21 de agosto, pero también los integrantes del Pleno del Tribunal presentaron una queja en contra de la expresidenta por no haber firmado la controversia constitucional para defender la autonomía del Poder Judicial. Flores Saviaga señaló que por ello revisan las quejas de los integrantes del Consejo de la Judicatura y las que integraron los magistrados por incumplimiento de un deber legal, y solicitarán el desafuero ante el Congreso del Estado. Una vez que suceda eso, señaló que será la autoridad judicial la que cite a Martínez Huerta para que responda por las acusaciones en su contra, de acuerdo con los presuntos delitos cometidos tales como el desvío de recursos públicos, entre otros. En ese tenor, Concepción Flores Saviaga justificó que la revocación de mandato se hizo de manera legal y no como lo argumentó un medio de comunicación a nivel nacional, pues sostuvo que en la sesión urgente votaron siete de los nueve integrantes del Pleno. Expuso que de acuerdo al artículo 162 de la Ley de Amparo, al haber violado las suspensiones de los magistrados que fueron retirados, Martínez Huerta incurrió en el delito de desacato a una orden del Poder Judicial Federal en donde la sanción puede ser la destitución o privación de la libertad. Aunado a ello, concluyó que como titular del Poder Judicial debía presentar la controversia constitucional por el retiro forzoso de los magistrados, y al no hacerlo dejó a todos en un estado de indefensión en dicha soberanía. En este marco, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia del país – que aglutina a 31 presidentes de tribunales superiores de justicia - expresó su respaldo a la magistrada Sofía Martínez Huerta y a través de su presidente, magistrado Rafael Guerra Álvarez, se pronunció por el respeto a los lineamientos del órgano de justicia y la legalidad de cualquier acción que repercuta en la vida institucional. Mediante un pronunciamiento difundido este martes, la Comisión señaló que los Poderes Judiciales deben guiarse con autonomía, pues las y los miembros deben ser garantes de la misma. En ese sentido, a nombre de los poderes judiciales del país, el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) rechazó la destitución de la Magistrada Presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) y respaldó su administración. Las y los miembros de la Comisión hacen un llamado para proteger la autonomía de los órganos de justicia locales y evitar cualquier tipo de intromisión que afecte la vida institucional. Concluyó que los poderes judiciales mexicanos deben de encaminar cualquier actuación en estricto apego a las legislación vigente y ser protectores de su cumplimiento. Desde la CONATRI B se hace un llamado a ser ejemplo de legalidad en todos y cada uno de los procedimientos internos. Así las cosas.
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