De Veracruz al mundo
Seguro Popular sólo estaba acotado a una lista de padecimientos y tratamientos dice el Coneval.
Jueves 16 de Enero de 2020
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.- En diversas evaluaciones del Seguro Popular desde 2007, los usuarios reportaron que tenían que pagar estudios, análisis y tratamientos, aunque estuvieran incluidos, porque los centros de salud no contaban con recursos apropiados, suficientes o disponibles, según revela el Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2018. El Coneval menciona que la carencia por salud se redujo por el incremento en la afiliación de la población, que ese año reportó 55.6 millones de personas, y detalla fallas del programa: los costos se incrementaron para la gente por los traslados a los centros de atención y por las diligencias que con dinero propio debían llevar a cabo para encarar los padecimientos no incluidos en el Catalogo Universal de Servicios de Salud. En suma, dice Coneval, el Seguro Popular sólo estaba acotado a una lista de padecimientos y tratamientos. Los usuarios reportaban escasa disponibilidad de medicamentos en el momento que lo requerían, incluso de los básicos y de mayor demanda, lo cual se tradujo en la ausencia de tratamiento adecuado para sus problemas de salud. Señala que el gobierno ha tratado de lograr una cobertura universal, pero existe heterogeneidad y disparidad en la calidad de atención entre el régimen contributivo y el no contributivo, en el que entraba el Seguro Popular. Detalló que los servicios de éste eran proporcionados principalmente en instalaciones de las secretarías de Salud de los estados. El Coneval señaló que con ese seguro se buscó corregir los desbalances históricos en el acceso a los servicios de salud y la asignación presupuestal entre afiliados a la seguridad social tradicional y los no derechohabientes. El documento concluyó que bajo las condiciones existentes hasta 2018 en el sector, se dificultaba el acceso efectivo de la población a la salud, en particular de los más vulnerables, y advierte que la fragmentación del sistema redunda en ineficiencias en la salud pública y en la economía, y en barreras al acceso a los servicios en México.

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