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.- Aunque el Presidente Andrés Manuel López Obrador se manejó siempre con efectivo y no mediante tarjetas de crédito o débito y, mucho menos préstamos bancarios, según solía comentarlo, su Gobierno anuncia ahora que los delitos por evasión fiscal serán equiparables a delincuencia organizada y de seguridad nacional, y de acuerdo al Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, las personas que presten el servicio ilegal de “outsourcing” pueden ser sancionados con prisión preventiva y oficiosa, con lo cual pueden llegar a recibir hasta 20 años de cárcel, además de que advierte que quienes contraten ese servicio de outsourcing ilegal pueden correr el riesgo de que se les inicie una investigación, se presente una querella, gire una orden de aprehensión y ser sancionado con 14 años de cárcel. En ese tenor, la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde ha dado la puntilla al señalar que hay cerca de seis mil empresas de subcontratación abusiva que pudieran estar afectando los derechos de los trabajadores y evadiendo un monto aproximado de 21 mil millones de pesos anuales. Y es que dice que estas prácticas de subcontratación precarizan el mercado laboral y la mano de obra, lo que afecta a los trabajadores. “(Afecta de) entrada, la estabilidad en el empleo. El pago de reparto de utilidades, la antigüedad de los trabajadores, ingresos por primas, aguinaldo, liquidaciones. También el director del IMSS, Zoé Robledo, informó que de septiembre a diciembre de 2019, detectaron mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal que concentran a cerca de 860 mil trabajadores con probable afectación en sus derechos laborales y de seguridad social. Por ello explica que hay siete operativos a grandes empresas con esquemas de subcontratación en hotelería, servicios informáticos, call center, farmacéutica, minería y producción de alimentos. “En estos operativos se han detectado a 10 mil trabajadores subcontratados ilegalmente y a cerca de 36 empresas subcontratistas involucradas”, dice.
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