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O el asunto va en serio en contra del ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa por parte de la Cuarta Transformación, o al ex mandatario lo siguen usando como “cortina de humo” para disfrazar algunos fracasos. Y es que ahora, la Secretaría de la Función Pública (SFP) recibió una denuncia de hechos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera en contra del ex director general de Procesos Legales en la pasada administración Federal, Mauricio Moreno Balbuena, por haber actuado a favor del ex mandatario jarocho, al reclasificarle los delitos de delincuencia organizada por asociación delictuosa y así reducirle la condena que quedó en nueve años, y que le permitiría en uno más alcanzar la libertad. De acuerdo al diario Milenio, el el oficio que recibió la semana pasada la Secretaría de la Función Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera muestra evidencia de cómo tres meses antes del cambio de gobierno, el funcionario perteneciente a esa unidad fue quien solicitó al Ministerio Público la reclasificación de delitos, desdiciéndose de la investigación e incluso, de la denuncia que ellos mismos presentaron un par de años antes en contra de Duarte de Ochoa y nueve personas más por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El documento detalla el proceso de la investigación que comenzó el 16 de octubre de 2016 cuando la UIF presentó mediante el oficio 110/F/B/3465/2016 a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, una denuncia de hechos en contra de 10 personas que realizaron operaciones financieras y actos jurídicos en conjunto, con las cuales, "introdujeron recursos al sistema financiero nacional mediante un complejo esquema de operaciones para otorgarles una apariencia de licitud. “Es decir, tuvieron como objetivo aparentar que los recursos se obtuvieron como ganancia de operaciones comerciales lícitas; sin embargo, llevaron a cabo compraventas de parcelas para después trasladar de manera artificial un valor injustificado, para finalmente introducir al sistema financiero las cantidades de dinero ganadas por la sobrevaluación de dichos inmuebles, aunado a que algunos de los recursos provinieron del gobierno de Veracruz". Además de Javier Duarte, Inteligencia Financiera señala a Moisés Mansur, Alfonso Ortega López, José Juan Janeiro Rodríguez, Rafael Gerardo Rosas Bocardo, Javier Nava Soria, Elia Arzate Peralta, Nadia Isabel Arzate Peralta, Miguel Vázquez Nieva y Santa Bartolo Acuña. Recuerda que en 2016 se inició una carpeta de investigación en el mes de octubre y lograron el 22 de julio de 2017 que el juez especializado en el sistema penal acusatpriop del Centro de Justicia Penal de la Ciudad de México, emitiera el auto de vinculación a proceso en contra de Duarte de Ochoa por ambos delitos, mismo que se ratificó en el mes de octubre del mismo 2017 tras una apelación del ex mandatario veracruzano. Casi dos años después, el 21 de agosto del 2018, el director general de Procesos Legales, Mauricio Moreno Balbuena, presentó ante la entonces Procuraduría General de la República un escrito mediante el cual "formuló alegatos para exponer que se trató de asociación delictuosa en lugar de delincuencia organizada, con la finalidad de que el Ministerio Público reclasificara el delito en beneficio de Javier Duarte". El escrito presentado por el ex funcionario ante el Ministerio Público expuso como argumento que "la conducta imputada a Javier Duarte, no se adecuó a los extremos jurídicos para actualizar la delincuencia organizada, sino de asociación delictuosa; en razón que no se actualiza el elemento de permanencia a una organización criminal, al carecer de datos de prueba suficientes para sostener las estructuras y andamiajes requeridos para hablar de delincuencia organizada". Para el 26 de septiembre del mismo año, el Ministerio Público imputó a Javier Duarte por estos nuevos delitos y el representante de Inteligencia Financiera también solicitó la apertura del procedimiento abreviado, lo que llevó a una sentencia menor de nueve años, el pago de la multa de 58 mil 890 pesos y el decomiso de cuarenta inmuebles. La Unidad de Inteligencia Financiera detalla en el escrito firmado por su titular, Santiago Nieto, que el funcionario señalado no contada con las facultades para suscribir oficios con los que pretenda exonerar a través de una solicitud la reclasificación de un delito con menor sanción penal y mucho menos, si "había méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado". Por lo anterior, se le acusa a Mauricio Moreno Balbuena de tener "un actuar omisivo que favoreció a JDDO con la imposición de una sanción menor, tanto privativa de la libertad como pecuniaria". Santiago Nieto sostiene que la UIF sí "encontraba sustentado en elementos probatorios fundados y cuya valoración permitió tener certeza y demostrar ante el órgano jurisdiccional que provenían o representaban ganancias derivadas del desvío de recursos públicos de manera injustificada y por tanto, su procedencia era ilegítima, conexa al hecho de la conformación de un grupo de 10 personas, entre ellas JDDO, realizaron actividades de manera coordinada y estructurada en sus funciones para cometer el ilícito". Insiste en que "se actuó con la intención de beneficiarlo y procurarle una sanción menor a la fijada" pasando de entre 20 a 40 años de prisión a los cuatro años y seis meses que se le impusieron en el procedimiento abreviado".
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