.- Aunque el compromiso con los veracruzanos, sobre todo con empresas del Estado era darles prioridad en materia de obra pública, lo cierto es que el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez finalmente no cumplió la palabra empeñada pese al adeudo que aún mantiene el Gobierno del Estado con constructores y otros prestadores de servicio locales, y sin menoscabo de ello, acaso porque así conviene a sus intereses entregó el 58 por ciento de la escasa obra y servicios que realiza el Gobierno cuitlahueco a empresas foráneas, tal como lo hacía su odiado antecesor Miguel Ángel Yunes Linares. Y no se trata de echarle combustible al asador, sino que es la propia Contralora General del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez quien lo asiente ante diputado locales que le sacaron la puritita verdad pese a la resistencia de la funcionaria que intentó evadir los cuestionamiento cuya respuesta deja muy mal parado al titular del Ejecutivo Estatal ante su pueblo, ya que, como siempre, pese a las necesidades de los empresarios constructores prefiere darle la obra a los de afuera antes que beneficiar a los paisanos, acaso porque –sin llegar a la acusación porque no nos consta-, con los foráneos no habría problema en caso de “moche”. La contralora trató de corregir argumentando que si bien el mayor número de obras y contratos son para empresas veracruzanas, los montos mayores fueron a dar a foráneas, lo cual para el caso es lo mismo, demostrando que a los de casa se les sigue dando limosnas y a los que vienen de otros Estados la mochada más grande del presupuesto. Dice Santoyo Domínguez en un estilo cantinflesco digno del mimo Mario Moreno Reyes, que en el presente ejercicio fiscal, al 15 de Noviembre “se tienen registradas un total de 25 mil 151 operaciones, de las cuales, 23 mil 154 se contrataron con empresas veracruzanas y 1 mil 996 para foráneas, eso es en porcentaje. Los montos son otros, diremos que el 42 por ciento fue para empresas veracruzanas y el 58 por ciento para foráneas (‘¡). Esa es la información que me hacen llegar los órganos internos de control”. El diputado aliado del PES, Gonzalo Guizar Valladares le sorrajó, entonces, sobre la simulación en la que se ha incurrido la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), donde las licitaciones se declaran “desiertas” para luego, asignar las obras por “dedazo” a empresas foráneas provenientes de Guanajuato, Puebla, Querétaro, Pachuca, Ciudad de México, Guadalajara, y la contralora confirmó que la adjudicación de esa forma fue del 58.85 por ciento, pero consideró que se trata de un “área de oportunidad” para el sustente año presupuestal. “En cuanto a la modalidad de contrataciones de bienes y servicios, bueno igual tenemos la contratación pública nacional, tenemos el 30.11 por ciento y la adjudicación directa en 58.85, sin lugar a dudas hay un área de oportunidad lo pondremos dentro del programa general de trabajo”. Pese a ello, se “lavó las manos” de las adjudicaciones directas que se han hecho en todas las dependencias del Estado al asegurar que ha hecho puntualmente las recomendaciones a los secretarios de despacho, pero estos ni caso le hacen, por lo visto, violentando la ley y ella permitiéndolo, demostrando así que es una contralora de oropel. “Le comento que los que asistimos de parte de la Contraloría, hacemos pronunciamientos a las comisiones de obras y subcomités de adquisiciones, y una de las partes fundamentales de la Contraloría es servir como asesor y pronunciarse ante esos comités y quedan plasmados en las actas de adquisición, y si aún con la opinión que emitimos lo hacen, pues ya es responsabilidad del funcionario público”. Luego quiso parecer justiciera y dijo que la Contraloría ha sancionado a 173 servidores públicos por actos irregulares durante su gestión, a pesar de que 3 de cada 10 contralorías Internas no funcionaba de manera eficiente, ya que durante 2019 recibieron 1 mil 157 quejas y denuncias, de cuyo total se han resuelto 684, y están en trámite 473, que son atendidas por los Órganos Internos de Control adscritos a las diversas dependencias y entidades. Detalla, también, que en el periodo del 1 de Diciembre de 2018 al 30 de Noviembre de 2019, dentro de los Procedimientos Disciplinarios se radicaron 165 expedientes, emitiéndose 318 resoluciones correspondientes a 109 inexistencias de responsabilidad administrativa, 173 sanciones y 36 sobreseimientos. Así las cosas…
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