.- Como si el sistema de impartición de justicia no estuviera en tela de duda ante sus polémicas resoluciones, otro juez, el federal del Decimosexto Distrito con sede en Córdoba, concedió un amparo a dos expolicías municipales de Orizaba vinculados con la ejecución extrajudicial de los hermanos Ernesto y Román Pérez González, registrado en noviembre de 2018, con lo que los uniformados literalmente podrían quedar en libertad en los próximos días. No obstante, de manera contradictoria, el mismo juzgador le negó la protección de la justicia a otros dos de los 6 implicados en los hechos. Por lo anterior, la asesora jurídica de la familia Pérez González, María Isabel González López, indicó que el fallo del juez federal fue impugnado por los padres de las víctimas y tiene que resolverse en la Segunda Sala Penal con sede en Boca del Río. De acuerdo con González López los ex elementos relacionados con la ejecución extrajudicial son Abraham "N", Jesús "N", Jaime "N", Álvaro "N", Marco Antonio "N" y Pedro "N”. Según los peritajes realizados, los jóvenes profesionistas, Ernesto y Román, odontólogo y profesor de secundaria de 33 y 31 años de edad, respectivamente, fueron asesinados de al menos 300 disparos, pese a lo cual los policías municipales involucrados trataron de asegurar que Román había intentado darse a la fuga en una camioneta Jeep Blanca, a exceso de velocidad, y que él y otra persona abrieron fuego contra los oficiales que intentaron ponerles un alto. De acuerdo con el reporte policiaco los dos hermanos “se bajaron de la unidad” y uno de ellos portaba una pistola con la que disparaba hacia los policías, por lo que estos “repelieron” la agresión. Sin embargo, la madre de las víctimas, Luz María González, echó abajo esa versión en su calidad de testigo presencial de los hechos, pues señaló que uno de sus hijos, Ernesto, se encontraba durmiendo en su hogar en donde ella también estaba y al escuchar las detonaciones y ver el vehículo de su hermano salió a auxiliar a Román afuera de su casa. La madre de las víctimas narró que incluso Ernesto salió en ropa interior y al ver a su hermano ensangrentado y con las llaves de la camioneta en sus manos, también fue abatido por la espalda pues aunque intentó protegerse tras un Beetle rojo, propiedad de su familia, recibió varios disparos. La madre señala que ella trató de salir a auxiliar a sus hijos, pero fue interceptada por los policías municipales, quienes además les negaron atención médica. Minutos después de la agresión, refirió por su parte Román Pérez Martínez, padre de las víctimas, llegó al lugar de los hechos Juan Ramón Herebia Hernández, entonces director de Gobernación en Orizaba, y tras pedirle su esposa que llamara a una ambulancia para que sus hijos recibieran atención médica, argumentó que ya estaban muertos y no tenían nada que hacer y que tenía un elemento herido, aunque esto último a la postre no se pudo acreditar. Pese a ello, y aunque fue despedido por el alcalde Igor Rojí por estar a cargo de los elementos municipales, Herebia Hernández no está implicado legalmente en los hechos y sólo forma parte del proceso como testigo. Lo anterior, no obstante que los padres sostienen que la escena del crimen intentó ser manipulada por los agentes de la policía municipal e incluso habrían movido los cuerpos de su posición original. En ese sentido, el señor Román Pérez Martínez insistió en que solo piden que se aplique la ley a quien se tenga que aplicar a partir de la verdad de lo que ocurrió. “Fueron más de 290 disparos para dos personas totalmente desarmadas”, lamentó. A su vez, la asesora jurídica señaló que a la fecha la investigación ya está cerrada y se presume que por lo menos 6 personas dispararon, aunque podría haber otros implicados en los asesinatos. También refirió que el número de la patrulla está plenamente identificado y hay una testigo presencial, que es la mamá de los muchachos gracias a quien se echó abajo la versión oficial. De acuerdo con el peritaje de la Fiscalía del Estado, los elementos municipales habrían alterado la escena y sembrado un arma a uno de los jóvenes asesinados para argumentar que respondieron a una agresión. Vaya caso.
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