Pese a solicitud de licencia del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha, oposición denuncia que mantiene fuero constitucional MEMORANDUM 1.- Luego de las acusaciones del gobierno de Estados Unidos que lo relacionó a él y a otras nueve personas con el crimen organizado, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, presentó el viernes por la noche una solicitud de licencia para separarse del cargo por lo menos 30 días. La solicitud fue aprobada este sábado 2 de mayo en el Congreso de Sinaloa, luego de lo cual el legislativo avaló el nombramiento de Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina de la entidad. Tras dar a conocer su separación temporal del cargo, la oposición acusó que no es suficiente, pues se necesita retirar el fuero, una medida que tienen los funcionarios públicos para evitar detenciones o ser juzgados. De acuerdo con la Constitución Política de Sinaloa, Rocha Moya mantiene el fuero constitucional. Un gobernador puede conservar su fuero constitucional (inmunidad procesal) incluso al solicitar una licencia temporal al cargo, según se desprende de la situación reciente del mandatario sinaloense. Estos son los puntos clave sobre la licencia y el fuero: La solicitud de licencia temporal, comúnmente utilizada para enfrentar investigaciones sin que la figura del gobernador en funciones interfiera, no implica automáticamente la pérdida de la inmunidad constitucional que protege contra detenciones. Aunque existen tesis aisladas que indican que un gobernador con licencia temporal no goza de inmunidad procesal para delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, en la práctica reciente la Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado que la licencia temporal protege contra la detención. La licencia busca facilitar las indagatorias de la FGR mientras el funcionario mantiene su protección constitucional. En el caso de Rubén Rocha Moya se solicitó licencia para enfrentar una indagatoria por presuntos vínculos con el narcotráfico, manteniéndose el fuero como obstáculo inicial para una detención inmediata. En resumen, la licencia temporal separa al gobernador de sus funciones ejecutivas diarias, pero no elimina su estatus jurídico de protección (fuero), lo cual requiere un proceso distinto conocido como desafuero o juicio de procedencia. Al respecto, el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, se refirió al tema del fuero y el proceso que podría enfrentar el gobernador de Sinaloa. A través de sus redes sociales, el exministro explicó que la “inmunidad procesal, mal llamada ‘fuero’, es una garantía de cierta categoría de servidores públicos”. Les sirve para “evitar que sean procesados penalmente sin que la Cámara de Diputados emita una declaratoria de procedencia que levante la inmunidad procesal en los términos del artículo 111 de la Constitución”, agregó. Sin embargo, destacó que esta medida protege a la función no a la persona. “Quien obtiene una licencia ya no ejerce la función, por tanto, puede ser detenida como cualquier persona, pues ya no goza de la inmunidad procesal”, aseguró. “Hay precedentes del Poder Judicial Federal en este sentido”, concluyó.
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Rocha Moya se declara inocente, al presentar solicitud de licencia por 30 días al gobierno de Sinaloa MEMORANDUM 2.- A través de un video, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pidió separarse del cargo temporalmente por 30 días, luego de que el jueves pasado el gobierno de Estados Unidos lo acusara, junto a nueve personas, de tener nexos con el Cártel de Sinaloa. Por este motivo, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció una investigación en su contra. La solicitud fue aprobada este sábado por el Congreso de Sinaloa. “Hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador, mientras dure el proceso de investigación. Lo hago desde mi profunda convicción republicana. Lo anterior también lo hago con la finalidad de facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación ya citada”, aseguró Rocha Moya en el video publicado en redes sociales. “No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento al que pertenezco y que ha cambiado para bien la vida de millones de mexicanos”, sentenció al referirse al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). A lo largo del video el funcionario se declaró inocente frente a las acusaciones divulgadas el pasado miércoles por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, entre las que se presumen presuntas conspiraciones con líderes del Cártel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos. “A mi pueblo y a mí familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca los traicionaré, y eso lo demostraré con firmeza en el momento en el que las instituciones de justicia de este país lo requieran”, zanjó. Al igual que Rocha Moya, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, otro de los funcionarios señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, solicitó licencia provisional, por lo que Miriam Ramos Villarreal entró como sustituta del cargo. Entre los acusados también se encuentra el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, el excomandante de la policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán. También figuran otros funcionarios estatales y mandos de seguridad identificados como Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez y José Antonio Dionisio Hipólito. En este contexto, la solicitud de Rubén Rocha Moya provocó reacciones de partidos de la oposición como Movimiento Ciudadano y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sinaloa. A través de un mensaje en sus redes sociales, Jorge Álvarez Máynez, de MC, aseveró que” licencia de Rubén Rocha es un paso pero no es suficiente”. “Mientras mantenga el fuero, la impunidad continúa. Él y todos los funcionarios implicados deben ser desaforados”, indicó. La dirigencia del PRI en Sinaloa también fijó postura ante la solicitud de licencia, al advertir que la medida confirma la gravedad de la crisis en la entidad y no sustituye la rendición de cuentas. “La solicitud de licencia confirma que la crisis es real y de gran magnitud”, señaló. En un posicionamiento, el partido señaló que “la gravedad del momento exige claridad, no evasivas”, al tiempo que consideró que la separación de ambos funcionarios de sus cargos es apenas un primer paso frente a los señalamientos existentes. El PRI Sinaloa sostuvo que lo fundamental es el esclarecimiento de los hechos y demandó que se informe a la ciudadanía qué ocurrió, quiénes están involucrados y qué responsabilidades existen. “No basta con discursos de defensa política; se requieren resultados claros, investigaciones serias y transparencia total”, subrayó. El partido destacó que Sinaloa requiere certidumbre, legalidad y gobernabilidad, y advirtió que la entidad no debe cargar con las consecuencias de decisiones, omisiones o posibles complicidades de sus autoridades. En ese sentido, exigió que las instituciones mexicanas actúen con autonomía, firmeza y sin protección política. “Nadie por encima de la ley, sin importar el cargo o partido”, concluyó.
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Dice Ramírez Cuéllar que México registra un avance en ingresos tributarios y estabilidad fiscal que debe traducirse en crecimiento económico MEMORANDUM 3.- Al referirse al Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondiente al primer trimestre de 2026 entregado el pasado jueves por Hacienda a la Cámara de Diputados, el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, afirmó que conforme a los resultados de las finanzas públicas, México registra un avance en ingresos tributarios y una estabilidad fiscal debe traducirse en crecimiento económico. El legislador zacatecano indicó que urge fortalecer la inversión productiva, cerrar espacios a la evasión fiscal y generar condiciones de certidumbre para detonar el desarrollo. “Se confirma una base de estabilidad fiscal que conviene preservar y aprovechar mejor para fortalecer el crecimiento económico del país”, aseguró. Alfonso Ramírez Cuéllar precisó que el balance presupuestario registró un déficit menor al previsto y que el ‘Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público se ubicó en 50.4% del PIB’, con una composición mayoritariamente interna, lo que reduce la exposición a riesgos cambiarios y externos. “Tenemos que reconocer que hay una conducción hacendaria prudente en un contexto complejo”, afirmó. Al mismo tiempo, consideró que el informe también deja ver áreas de oportunidad que deben atenderse con oportunidad, particularmente en materia de crecimiento. Explicó que el PIB registró una contracción de 0.8% en el trimestre, influida por factores adicionales a los estacionales, entre ellos afectaciones climáticas en el sector agropecuario, ajustes en la política comercial de Estados Unidos que impactaron a la manufactura y una menor dinámica en los servicios vinculados a la industria. “Lo que observamos es una economía que todavía enfrenta retos para convertir la estabilidad fiscal en mayor tracción productiva. Ese es el punto que debemos atender con seriedad, porque crecer más es indispensable para consolidar el bienestar”, señaló. En materia de ingresos, el legislador reconoció que los resultados muestran avances importantes, aunque persisten oportunidades para fortalecer la base recaudatoria. Los ingresos presupuestarios se ubicaron en 2 billones 224 mil millones de pesos, cifra inferior en 80 mil millones de pesos a lo programado y con una caída real anual de 0.7%. En ese sentido, destacó la importancia de seguir cerrando espacios a la evasión y la elusión fiscal. “Hay margen para mejorar la recaudación sin afectar a quienes cumplen. Combatir las prácticas que erosionan los ingresos públicos permitirá contar con más recursos para inversión, salud, educación e infraestructura”, expresó. Ramírez Cuéllar también señaló que la inversión física merece atención prioritaria, pues constituye uno de los instrumentos más importantes para detonar el crecimiento económico. Recordó que una mayor inversión en infraestructura fortalece la productividad, genera empleos y crea condiciones para atraer más capital nacional y extranjero. “Necesitamos identificar con precisión qué sectores requieren mayor impulso y qué condiciones debemos fortalecer para que la inversión vuelva a ser una palanca del desarrollo. La infraestructura es una herramienta estratégica para ello”, afirmó. El líder parlamentario apuntó que, junto con la inversión, la certidumbre jurídica, la estabilidad social y el fortalecimiento institucional son elementos indispensables para consolidar un entorno favorable al desarrollo. Por lo anterior, sostuvo que la agenda económica debe orientarse a convertir la estabilidad fiscal en una plataforma de crecimiento sostenido y de prosperidad compartida. Para el morenista, el país cuenta con bases importantes para avanzar, pero el reto inmediato, destacó, es transformar esa estabilidad en más actividad económica, más inversión y mejores condiciones de bienestar para las familias mexicanas.
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