Ex auditor de Pemex ligado a sobornos cobra como director general de Atención a Órganos Fiscalizadores de la SIOP en Veracruz MEMORANDUM 1.- De acuerdo con un reportaje publicado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, acogió en un cargo directivo de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) a quien fuera el auditor de Pemex Exploración y Producción (PEP) durante el tiempo en que funcionarios de esa dependencia habrían recibido sobornos a cambio de contratos y auditorías favorables, como se reveló en una acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Se trata de Erick Alexandro Núñez Albarrán, ex titular de la Delegación de Auditoría Interna de Pemex, en su subsidiaria de Exploración y Producción, durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que, mientras Erick Núñez Albarrán encabezaba el área de Auditoría Interna de Pemex PEP, servidores de esa dependencia habrían recibido “moches” para asegurar contratos y auditorías a modo. El pasado 11 de agosto, el Departamento de Justicia de EE.UU. desclasificó una acusación contra los empresarios mexicanos Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, quienes presuntamente sobornaron con dinero en efectivo, bolsas de diseñador y relojes de lujo –con un valor total de 150 mil dólares– a tres directivos de PEP entre junio de 2019 y octubre de 2021. La acusación señala que Rovirosa Martínez y Ávila Lizárraga sobornaron al llamado ‘Funcionario Extranjero #1’, descrito como un “gerente senior de auditoría interna asignado a PEP”, entregándole dinero en efectivo, una bolsa Louis Vuitton y un reloj Hublot, para que interviniera a su favor en una auditoría que bloqueaba pagos de un contrato que sus empresas mantenían con PEP. Aunque la identidad del funcionario senior de Auditoría Interna de PEP que habría recibido los “moches” solo ha sido revelada al gran jurado del caso, en ese periodo el área era encabezada por Núñez Albarrán, hoy integrante del gobierno veracruzano donde gobierna la ex secretaria de Energía, Rocío Nahle. En enero de este año, Núñez fue designado como director general de Atención a Órganos Fiscalizadores de la SIOP de Veracruz, donde tiene entre sus funciones coordinar, recopilar y entregar la información requerida por instituciones como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (ORFIS). Desde enero, Núñez Albarrán es el encargado de coordinar y supervisar las respuestas que la SIOP da a entidades fiscalizadoras como la ASF en caso de ser auditada. De acuerdo con sus declaraciones patrimoniales, Núñez se desempeñó en 2018 como director de área en la Dirección General de Auditoría Financiera de la ASF. Esto, durante los primeros meses de la gestión del auditor superior David Colmenares, cuya designación se dio tras un acuerdo político entre los grupos parlamentarios del PRI y de Morena –entonces encabezado por Nahle– en la Cámara de Diputados. Luego de colaborar con Colmenares en la ASF, Núñez Albarrán participó como asesor de temas energéticos en el equipo de transición del entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Antes de ingresar en diciembre de 2018 como titular de Auditoría Interna en PEP, Núñez Albarrán formó parte del equipo de transición de López Obrador como asesor en temas energéticos. Desde el primer mes del gobierno de AMLO, Núñez asumió la titularidad de la delegación de Auditoría Interna en Pemex PEP, donde se mantuvo hasta su salida en diciembre de 2024 para después incorporarse al gobierno veracruzano. El expediente del caso refiere que en 2019 Ávila Lizárraga y Rovirosa Martínez –los empresarios mexicanos acusados– contactaron vía WhatsApp al “Funcionario Extranjero #1” para influir en una auditoría que PEP realizaba a un contrato de mantenimiento de ductos que tres de sus empresas mantenían desde 2013 y que mantenía congelados sus pagos. “Alrededor de junio de 2019, Ávila le prometió al Funcionario Extranjero #1 a través de WhatsApp un bolso de lujo Louis Vuitton para que se lo regalara a su esposa a cambio de sus acciones para influir en la auditoría y garantizar el pago a sus compañías”, se lee en el documento de la acusación. El 24 de julio de 2019, el “Funcionario Extranjero #1” de la Auditoría Interna de PEP informó a Ávila que la “misión” estaba cumplida: la sanción por posibles irregularidades en los servicios de mantenimiento a los ductos fue mínima y se reanudaron los pagos a sus empresas. Meses después, en octubre, el servidor público confirmó a Ávila haber recibido el bolso de lujo y le agradeció, a lo que Ávila respondió: “de nada, amigo; te lo has ganado”. En la acusación, el Departamento de Justicia señala que Rovirosa y Ávila dieron moches al “Funcionario Extranjero #1” para que destrabara una auditoría que impedía que sus empresas recibieran pagos de un contrato. En otra comunicación, fechada el 5 de marzo de 2020, Ávila le informó al auditor de PEP: “el paquete acaba de aterrizar en Campeche”, refiriéndose a un soborno en dinero en efectivo que había llegado para que lo recogiera. Este dato coincide con el lugar de trabajo que tuvo Núñez Albarrán mientras encabezaba la Auditoría Interna de PEP en Ciudad del Carmen, Campeche, sede de las oficinas de la dependencia. Previo a su incursión como empresario petrolero, Ávila Lizárraga se desempeñó, entre 2010 y 2012, como subdirector de Servicios Marinos en PEP, donde coincidió con Núñez Albarrán, quien en ese entonces dirigía por primera vez el área de Auditoría Interna. En la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas de Veracruz, Erick Núñez Albarrán tiene como su superior jerárquico a Leonardo Cornejo Serrano, designado por Rocío Nahle como secretario de la dependencia e involucrado en el caso de corrupción de Odebrecht en México. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Cornejo Serrano fue uno de los colaboradores más cercanos de Emilio Lozoya en la petrolera y recibió en al menos 46 ocasiones a Luis Alberto de Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht en México, en el piso 7 de la torre de Pemex. Como Coordinador de Proyectos de Ampliación de Capacidad en la Subdirección de Proyectos, Cornejo estuvo involucrado en el contrato para obras en la refinería de Tula que se le asignó a Odebrecht tras haber pagado sobornos de más de 6 millones de dólares al exdirector de Pemex. Pese a esto, Cornejo Serrano fue ratificado durante la presidencia de López Obrador como subdirector de Proyectos en Pemex Transformación Industrial, subsidiaria de la petrolera. Cornejo tuvo bajo su control el presupuesto multimillonario de la refinería de Dos Bocas y firmó cientos de contratos –cuyos montos no fueron revelados– para su construcción, como lo dio a conocer Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en octubre de 2023. Ahora, ya como funcionarios del gobierno veracruzano, Cornejo Serrano y Núñez Albarrán despachan desde la SIOP, dependencia que este año cuenta con un presupuesto que ronda los 4 mil 300 millones de pesos. Incluso, el hoy titular de la SIO¨P recibió a Marcelo Odebrecht en su oficina en la torre de Pemex, pese a lo cual ahora trabaja en el gobierno morenista de Veracruz.
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En abierto, Carbonell dice que Huerta es un aliado de Veracruz. El único que no miente, no traiciona y no roba en Morena; defenderán triunfos en zona norte MEMORANDUM 2.- Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, reza el adagio popular, mismo que aplica como anillo al dedo al senador de Morena Manuel Huerta Ladrón de Guevara y al partido Movimiento Ciudadano en Veracruz. Y es que, luego de que el pasado fin de semana Huerta fue recibido en el salón donde sería su informe de labores por un grupo de militantes de MC, el dirigente estatal de este partido, Luis Carbonell de la Hoz, respaldó el trabajo del senador morenista a quien consideró “el único que no miente, no traiciona y no roba en Morena”. Con relación a si el senador es un aliado de MC, el dirigente estatal aplaudió la labor de Huerta, de quien solo enumeró cosas positivas, afirmando que es “un aliado de Veracruz”. Más claro ni el agua. Por otro lado, Carbonell de la Hoz no descartó que en los próximos días presente una serie de denuncias en contra del delegado de Bienestar en Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín y del dirigente estatal del Morena, Esteban Ramírez Zepeta, por intentar robarse las elecciones de Papantla y Poza Rica. El dirigente de MC denunció al funcionario federal de haber coaccionado y amenazado a los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz de resolver la apertura de 51 paquetes electorales de la elección de Poza Rica. “No queremos que se abran esos paquetes porque ya fueron manipulados, ya no hay certeza en ello, lo que pretenden hacer es una ilegalidad”, afirmó Carbonell. Frente a este panorama, dijo que habrá de defender el triunfo hasta la última instancia, que será la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; a la par, presentará denuncias en contra de los personajes antes citados, por cierto, enemigos cantados de Manuel Huerta.
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Emite CNDH recomendación a García Harfuch por caso de tortura perpetrada en Xalapa en el año 2010 MEMORANDUM 3.- Luego de acreditar que agentes de la entonces Policía Federal cometieron actos de tortura contra un hombre detenido en Xalapa el 15 de junio de 2010, lo que vulneró su integridad, trato digno y afectó a su familia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 186VG/2025, dirigida al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, pues concluyó que “se acreditaron violaciones graves a derechos humanos a la integridad personal y al trato digno por actos de tortura en agravio de V1, por parte de AR1, AR2, AR3 y AR4”. La víctima recordó que la detención ocurrió de noche. “Se escuchó como si golpearan con fuerza la entrada. Fueron como cinco personas las que ingresaron al cuarto, vestidos de negro y encapuchados. Me subieron a una camioneta y me di cuenta de que eran de la Policía Federal porque en su uniforme decía eso”. Refirió que durante el traslado a la Ciudad de México fue golpeado. “Con una botella aplicaron violencia (…) me quedé inconsciente y tirado a un lado. Me dolía la cabeza, no podía vomitar, pero sí sentía como si se subiera el jugo gástrico amargo. Tenía náuseas y la cabeza me retumbaba”. También dijo haber sido asfixiado. “En el camino me pusieron una bolsa, no sé sus características, sólo recuerdo los golpes y la presión hacia abajo, hasta que perdí el conocimiento”. En su declaración ministerial rechazó lo firmado bajo coacción. “No estoy de acuerdo con la declaración ministerial de dieciséis de junio de dos mil diez, por lo cual no la ratifico. Me obligaron a decirlo… por los federales”. Las amenazas, aseguró, eran constantes. “Me dijeron que si no cooperaba me iban a bajar al baño y me iba a tocar otra ‘chinga’. También que si no decía lo que ellos querían, sí me iban a matar, pero antes me enseñarían qué es dolor”. Peritajes médicos y psicológicos confirmaron secuelas: “presencia de ansiedad, anhedonia, sensación de fatiga, respuestas de llanto cuando recuerda los acontecimientos, sentimientos de malestar, desesperanza, aprisionamiento, tristeza, miedo y preocupación”. La detención derivó en la Averiguación Previa 1, consignada al Juzgado Decimoquinto de Distrito en Veracruz como Causa Penal 1. Posteriormente se acumuló otra causa por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. El 14 de julio de 2023, el juzgado dictó sentencia absolutoria en uno de los cargos, pero condenó a V1 por otros dos delitos con una pena de 23 años de prisión y 50 días multa. El 7 de diciembre de 2023, el Tribunal Colegiado de Apelación del Séptimo Circuito confirmó la sentencia. “Las personas magistradas integrantes del Tribunal resolvieron, por unanimidad, el Toca Penal 1, mediante el cual confirmaron la sentencia emitida en la Causa Penal 1 y su acumulada, la Causa Penal 2”. En 2025, familiares señalaron que su defensor interpuso un amparo directo, aunque “no cuentan con los datos de identificación o copia del mismo”. La CNDH determinó que la tortura tuvo un fin específico y pidió reparación integral que incluya atención médica, acompañamiento psicológico, compensación económica e inscripción en el Registro Nacional de Víctimas. “En colaboración deberá brindar a V1 la atención médica y psicológica que requiera con motivo de los actos de tortura, así como la atención psicológica que pudieran requerir sus familiares QVI1 y QVI2”, concluyó.
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