UPAV adeuda pagos a docentes desde hace más de cuatro meses y advierten con movilizaciones y protestas MEMORANDUM 1.-
Con la advertencia de que realizarán movilizaciones o protestas pacíficas si la situación no se resuelve a corto plazo, docentes de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) denunciaron que desde hace cuatro meses les adeudan sus gratificaciones por las clases impartidas en la institución, “y no hay fecha para que nos paguen”. Leoncio Macuixtle, representante de un grupo de académicos, aseguró que la Rectoría de la UPAV se comprometió a realizar el pago desde el pasado 6 de julio, hace ya más de un mes, pero no cumplió con su promesa. Lo anterior, a pesar de que el dinero “es producto de las cuotas que aportan los alumnos. Es decir, está en posesión de los funcionarios de la rectoría y de los responsables de los pagos”, aseguró. Los docentes afectados, en su mayoría pertenecientes al área de educación indígena y otras licenciaturas, así como del nivel bachillerato, aseguran que desde hace meses esperan el pago por su labor académica, el cual, afirman, proviene de las aportaciones de los propios estudiantes y no de recursos del gobierno estatal. De acuerdo con el profesor Leoncio Macuixtle, representante del grupo, la UPAV adeuda a cada asesor solidario una gratificación de 90 pesos por hora, monto que debía ser liquidado en junio, al concluir el cuatrimestre anterior. Sin embargo, hasta la fecha, no han recibido el depósito ni una nueva fecha oficial de pago. “Nosotros ya concluimos el cuatrimestre, cumplimos con nuestras obligaciones académicas. La universidad nos informó por escrito que el pago se realizaría el 6 de julio, pero esa fecha llegó y pasó sin que se concretara”, aseguró el académico. Los maestros destacaron que esta situación no es un hecho aislado, ya que en su caso se les adeudan dos cuatrimestres completos. Además, acusó que la administración de la UPAV viola los principios que la Cuarta Transformación (4T) ha proclamado, especialmente el de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”. “En este caso, no nos están robando directamente el dinero, pero sí nos están mintiendo y traicionando al incumplir con lo que nos prometieron y lo que nos corresponde por ley. Hay funcionarios que no están actuando bajo los principios de la transformación”, aseguró el profesor. El grupo recordó que el modelo de asesores solidarios de la UPAV se basa en un esquema en el que los estudiantes realizan aportaciones voluntarias para sostener el funcionamiento de la institución, incluyendo el pago a los docentes. Sin embargo, lamentaron que, a pesar de que el alumnado cumple puntualmente con estas cuotas, los recursos no llegan a su destino, que son los maestros que imparten las clases. Los inconformes advirtieron que la falta de pago afecta no solo su economía personal, sino también la calidad educativa, pues genera incertidumbre y desmotivación entre quienes imparten las asignaturas. “Somos profesionales que trabajamos con compromiso, sobre todo en comunidades donde la educación es un motor de desarrollo. Pero también tenemos familias que mantener, gastos que cubrir y derechos que deben respetarse. No se trata de un favor, sino de un pago justo por el trabajo realizado”, destacó Macuixtle. Por lo anterior, el docente hizo un llamado a la gobernadora Rocío Nahle García, para que gire instrucciones a la rectoría de la UPAV y se liberen los pagos pendientes. Consideran que su intervención es clave para destrabar la situación y demostrar que el gobierno estatal respalda a quienes forman a las nuevas generaciones. “Le pedimos a la gobernadora que atienda nuestro caso, porque es injusto que estemos en esta incertidumbre. No queremos confrontación, queremos solución”, señalaron. De igual forma, reprocharon que las autoridades universitarias no den una respuesta clara ni transparenten la razón de los retrasos. “Los funcionarios nos dicen que sí van a pagar, pero no dicen cuándo ni por qué no cumplieron en la fecha pactada. La confianza se pierde cuando no se es claro con los trabajadores”, sostuvieron. El docente reiteró que su labor como asesores solidarios ha sido fundamental para que miles de estudiantes de bachillerato y licenciatura en Veracruz puedan continuar su formación académica, especialmente en regiones marginadas. Sin embargo, advirtió que la falta de compromiso por parte de la UPAV pone en riesgo la continuidad de este modelo educativo. “Cumplimos con nuestra parte y seguiremos haciéndolo por el bien de los jóvenes, pero también exigimos respeto y seriedad. La educación no puede sostenerse sobre la base de la incertidumbre y la desvalorización del trabajo docente”, concluyó el académico.
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En seis años, Cuitláhuac García fue omiso a informes de la CNDH sobre deficiencias críticas en penal de Tuxpan y otros reclusorios MEMORANDUM 2.-
Desde 2018, el Cereso de Tuxpan apareció en seis ediciones consecutivas del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en las cuales se documentaron deficiencias críticas: autogobierno, actividades ilícitas, cobro de cuotas internas y extorsiones. Pese a ello, el gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez – el peor gobernador de la historia de Veracruz – hizo caso omiso a las recomendaciones en ese y otros reclusorios como Amatlán y Pacho Viejo. Prueba de ello es que el motín registrado el pasado 2 de agosto –que dejó un saldo de ocho internos muertos y 10 lesionados - no fue una explosión espontánea de violencia, sino el desenlace de un sistema que toleró que las cárceles fueran gobernadas por quienes deberían estar bajo custodia. Desde 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) había advertido sobre el autogobierno en el penal, donde cobros ilegales, extorsiones y amenazas eran moneda corriente. Sin embargo, el ex gobernador Cuitláhuac García nunca actuó mientras dos cárteles disputaban territorios dentro y fuera de las rejas. Lo alarmante no es solo la cifra, sino que este motín fue el resultado previsible de años de advertencias ignoradas por autoridades locales y federales. Seis de las personas privadas de la libertad que resultaron involucradas y víctimas (cinco fallecieron y uno quedó herido) en el motín del Cereso de Tuxpan, 5 eran ciudadanos guatemaltecos. En 2018, el penal obtuvo apenas 5.5 puntos de calificación, reprobatoria, debido a problemas como la ausencia de normativas internas y fallas graves en la clasificación de los internos. Aunque para 2023 logró subir a 7.0, indicadores clave permanecieron sin resolver: cobros irregulares por asignación de espacios, acceso a servicios básicos e incluso pase de lista. Las advertencias no quedaron ahí. En junio de 2024, el entonces director del penal, Antonio Huesca Figueroa, fue asesinado en pleno centro de Tuxpan tras recibir amenazas públicas a través de narcomantas colocadas en sitios turísticos. Dos días antes del motín, otra manta apareció con un mensaje escalofriante dirigido al subdirector: “Va el primer aviso”. Estas señales evidenciaban un clima de impunidad y control criminal dentro del penal, pero las autoridades no tomaron medidas oportunas para desmantelar estas dinámicas. Luego del motín, circularon imágenes devastadoras: incendios, humo negro y heridos con quemaduras graves. Paralelamente, dos videos publicados en redes sociales ofrecieron un testimonio directo de lo ocurrido. En uno de ellos, un grupo de internos afirmó pertenecer a una organización criminal y acusó a otros grupos de ejercer extorsión sistemática dentro del penal. "Si no colaboras, matan a un familiar allá afuera", declararon en el video, señalando específicamente el caso de una taxista asesinada en Álamo por negarse a pagar cuotas. Este patrón de violencia no es exclusivo del interior del penal; familias de personas privadas de libertad también han sido víctimas de amenazas y represalias en el exterior. Desde 2024, la región de Tuxpan ha enfrentado una escalada de ataques vinculados a disputas entre los cárteles. En ese año, 13 cuerpos mutilados fueron abandonados junto a las letras turísticas de la ciudad, acompañados de mensajes intimidatorios atribuidos a estos grupos. Municipios cercanos como Álamo, Cazones y Poza Rica también han sido afectados. En 2025, el asesinato de Irma Hernández Cruz, una maestra y taxista de Álamo, fue vinculado a conflictos por el cobro de cuotas. Su caso fue citado en los videos difundidos tras el motín de Tuxpan como ejemplo de las represalias aplicadas a quienes se negaban a cooperar. En las 48 horas posteriores al motín, se registraron seis homicidios adicionales en la región, incluyendo cuerpos desmembrados en carreteras y ataques contra elementos de la Guardia Nacional. Estos hechos llevaron al despliegue de 300 agentes federales y 80 marinos para intentar contener la situación, aunque la violencia sigue siendo cotidiana. Así las cosas.
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Alerta Pemex aumento de tomas clandestinas y agresiones a su personal; Veracruz encabeza la lista de más robo de hidrocarburos MEMORANDUM 3.- Vaya caso, la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que durante el 2024 creció la incidencia de tomas clandestinas a su red de distribución, así como las agresiones a su personal encargado de combatir tal situación. En ese tenor, afirmó que conforme a estudios específicos relacionados con el contrabando documentado de combustibles ha habido un aumento. Dijo que hay una alta incidencia del robo de hidrocarburo realizado por organizaciones delictivas, así como por agresiones al personal y afectaciones en la industria petrolera, en los estados de Hidalgo, Jalisco, Puebla, Estado de México, Chiapas, Ciudad de México, Veracruz y Sinaloa. También dio a conocer que los estudios se encuentran en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Secretaria de Defensa Nacional y en la Guardia Nacional. A partir de esos estudios, se promueven reuniones, se elaboran propuestas para realizar acciones para solucionar casos específicos y se participa en reuniones interinstitucionales, agrega el informe. En esas reuniones, se expone la situación de los sistemas de transporte por ducto, información relevante para la toma de decisiones operativas en coordinación con los tres órdenes de gobierno, lo que derivó en la detención de 10 líderes e integrantes de nueve bandas criminales enfocadas al robo de combustible, asimismo se continúa con el seguimiento de 18 casos relevantes. Por otra parte, el informe añade que el año pasado la empresa petrolera presentó 4 mil 713 denuncias por robo de combustible relacionadas con tomas clandestinas. De igual forma, según el reporte de sostenibilidad, la empresa del Estado presentó mil 445 denuncias por robo de combustible que no están relacionadas con tomas clandestinas. En total, el número de denuncias presentadas por los delitos de robo de hidrocarburos el año pasado ascendieron a 6 mil 158, concluye el documento.
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