Tras orden ejecutiva de Trump, en riesgo libertad de Maduro en Venezuela y carteles y políticos vinculados en México MEMORANDUM 1.-
No era rumor ni mucho menos una información inventada por los medios. Por el contrario, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden secreta instruyendo al Pentágono a emplear la fuerza militar contra cárteles de droga de varios países que antes fueron designados organizaciones terroristas, incluidos México, Venezuela, Haití y El Salvador, reportan múltiples medios estadunidenses. En Venezuela, el Gobierno estadounidense ofrece 50 millones de dólares a quien aporte informes para lograr la captura del Presidente de aquella Nación, Nicolás Maduro, mientras que en México varios cárteles, incluidos políticos ligados a estos, estarían en la mira. La orden ofrece la base oficial para la posibilidad de operaciones militares directas en aguas y terreno extranjero contra los cárteles, reportó primero el New York Times. En seguida, otros medios señalaron que el Pentágono prepara opciones militares, incluido el uso de fuerzas especiales, apoyo de inteligencia y precisando blancos de cárteles. En su primer mandato, Trump propuso bombardear unilateralmente objetivos en México, pero esa propuesta fue descartada por sus asesores militares. No se ha revelado si la nueva orden incluye algo parecido. De hecho, las primeras versiones reportadas de esta orden carecen de detalle sobre si la acción militar estadunidense sería unilateral o en cooperación con los gobiernos de los países donde están ubicados dichos cárteles. Cualquier acción militar sería coordinada con México y otros socios extranjeros, reportó el Wall Street Journal, pero otros medios no incluyeron ese detalle. El Journal señaló que en abril Trump “presionó a la presidenta Claudia Sheinbaum para que permitiera un mayor involucramiento de los militares estadunidenses en la lucha contra los cárteles (…) y ha amenazado con realizar acción militar unilateral contra los cárteles si México no toma acciones más drásticas para desmantelarlos”. Washington ya había incrementado sus vuelos militares de vigilancia sobre México, y un funcionario estadunidense comentó a Reuters que la orden que firmó Trump daría, entre otras cosas, autoridad a la Marina de Estados Unidos para realizar acciones en el mar, incluidas operaciones de interdicción de drogas, así como incursiones militares selectivas. Pero otro funcionario comentó a esa agencia que acciones militares contra los grupos designados no parecían ser inminentes. Anna Kelly, una vocera de la Casa Blanca, comentó al New York Times que la principal prioridad de Trump es la protección de la patria, y es por ello que tomó el paso audaz de designar a varios cárteles y pandillas como organizaciones terroristas extranjeras. Esto parece ser bastante consistente con todo lo que ha hecho el gobierno de Trump hasta la fecha, explicó el analista militar Dan DePetris, de la organización investigadora Defense Priorities en entrevista con La Jornada. La CIA está incrementando sus vuelos de vigilancia cerca de áreas infestadas por cárteles, deliberando sobre el posible uso de ataques con drones contra laboratorios de fentanilo y ha reiterado que la defensa de la patria es ahora la principal prioridad de la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. Pero DePetris agregó: ahora mismo, la cooperación antinarcóticos entre Estados Unidos y México ha sido mucho mejor que lo que se pensaba antes. El gobierno de Sheinbaum ha sido más cooperativo en sus primeros ocho meses que el de Andrés Manuel López Obrador durante seis años. Y por eso me deja perplejo, porque el gobierno de Trump arriesgaría minando eso con un plan como éste, más aún si el gobierno mexicano no está involucrado. Los políticos mexicanos tienen desacuerdos en muchas cosas, pero casi todos coinciden en que la acción unilateral estadunidense en México no será tolerada. No obstante, aun antes de que Trump iniciara su segundo periodo en la Casa Blanca, él había contemplado acción militar contra los cárteles en México y otros países. La decisión al inicio de este gobierno de designar a los cárteles como organizaciones extranjeras terroristas que representan una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos le permite ordenar acciones militares unilaterales sin aval del Congreso. El secretario de Estado, Marco Rubio, aludió a este cambio de vocabulario en una entrevista el jueves: Lo que cambia es que nos da la autoridad legal para apuntar a éstos de manera que no se puede hacer si fueran solamente un montón de delincuentes. Ya no es un asunto de la policía. Se convierte en un asunto de seguridad nacional, dijo a Catholic Television Network. Pero expertos han sugerido mayor cautela sobre acciones militares de este tipo, sobre todo con países como México. La cooperación militar-a-militar actual entre Estados Unidos y México es bastante buena, a pesar de la retórica de algunos líderes estadunidenses, explicó el coronel retirado Craig Deare, ex agregado militar de la embajada de Estados Unidos en México en los 90 y ahora profesor en el Colegio Nacional de Guerra. Advirtió, en entrevista con La Jornada, que cualquier acción militar unilateral por Estados Unidos tendría un impacto negativo devastador sobre el actual nivel de cooperación. No hay un precedente reciente por la acción militar estadunidense en Mexico, agregó Deare. Sin embargo, esa designación no es sólo para los cárteles en México; recordó que Estados Unidos utilizó una autorización parecida para enviar 20 mil soldados a invadir a Panamá en 1989 en la operación Causa Justa. En esa intervención, Estados Unidos derrocó y capturó al presidente Manuel Antonio Noriega y lo deportó a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico. La política estadunidense ahora podría considerar el uso de fuerza militar bajo ciertas circunstancias, dijo Deare. “El caso del régimen de [Nicolás] Maduro en Venezuela podría serlo. El comentario reciente de la procuradora general Pam Bondi de calificar a Maduro como ‘uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza a nuestra seguridad nacional’, podría estar preparando el escenario para una acción militar”.
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Trata de personas afecta gravemente a comunidades indígenas, en donde mujeres y niñas son las principales víctimas: UNODC MEMORANDUM 2.-
La trata de personas afecta gravemente a las comunidades indígenas, en donde mujeres y niñas son las principales víctimas, asegura la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) en México. En ese sentido, reitera que a pesar de los avances importantes y de los múltiples esfuerzos que lleva adelante el Estado mexicano, los pueblos indígenas continúan enfrentando desafíos significativos, como el acceso desigual a la tierra, la exclusión en procesos de toma de decisiones, los ataques contra personas defensoras indígenas, así como diversas formas de discriminación como las inicialmente descritas. En el lanzamiento de una campaña enfocada en la prevención del delito de trata en comunidades indígenas y afromexicanas, señala que entre 2020 y 2022, en general, las denuncias por trata en el país aumentaron 37 por ciento, al pasar de 681 a 936, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el caso de las poblaciones originarias, la pobreza, marginación y discriminación histórica ha aumentado su vulnerabilidad, condiciones que los tratantes han aprovechado. Asimismo, el crimen organizado –indicó– ha lucrado con la explotación sexual al obligar a adultos y niños indígenas a actividades ilícitas. La UNODC explicó que la trata de personas en estas comunidades se caracteriza por métodos de captación que incluyen engaños a través de falsos anuncios de empleo, lo que afecta a niños y hombres en modalidades como trabajo forzado. Sobre la campaña Agentes de Cambio: saberes y resistencias frente a la trata, que se lanzó en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas –que se conmemora este sábado–, Stacy de la Torre, oficial a cargo de UNODC en México, destacó que los videos animados, espots de radio e infografías se crearon junto con integrantes de las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMIA) y autoridades locales, quienes conocen de cerca las violencias y las formas de resistirlas. En el caso de Baja California, Margarita Cruz señaló que en San Quintín la casa está conformada principalmente por mujeres jornaleras migrantes, y una de las modalidades más comunes de trata es la condición de siervo, que es cuando se traslada a la gente para trabajar en otros estados. Indica que, a través de espots de radio de la campaña en su lengua originaria se ha logrado difundir la información para advertir sobre este tema tan delicado. La coordinadora del proyecto Agentes de Cambio, Natalia Espinosa, expuso que las CAMIA –dependientes del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas– se han consolidado como un espacio de atención de este tipo de violencias dentro de las comunidades originarias, entre ellas, las que están en Chiapas, Guerrero, Puebla, Veracruz y Ciudad de México. Los materiales también fueron elaborados en lengua amuzgo, tsotsil y totonaco, y serán difundidas a nivel nacional y comunitario. Entre las modalidades de trata que se exponen están el matrimonio forzado, la explotación laboral y sexual.
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La arrogancia de dato protegido vino a enterrar la carrera política de su esposo Gutierritos; se genera debate por lujos que exhiben MEMORANDUM 3.-
Desde el ojo de la polémica tras ser exhibidos con artículos de lujos como joyas, relojes, zapatos, bolsas, corbatas, así como su presencia en eventos de alto costo, el diputado federal veracruzano Sergio Gutiérrez Luna y su esposa, la legisladora del PT Diana Karina Barreras Samaniego, rechazaron públicamente los señalamientos. Según la pareja se trata de una campaña de desprestigio impulsada por sectores de la oposición. La controversia surgió tras publicaciones del periodista Jorge García Orozco, quien documentó con fotografías y estimaciones de valor que la diputada Barreras habría portado artículos por un monto superior a los 5 millones de pesos. Entre los objetos señalados se encuentran un reloj Hublot Big Bang, un anillo de Tiffany valuado en 29 mil pesos y otro superior al millón, además de lentes Gucci, calzado Dolce & Gabbana y una chamarra de piel Ferrari. A través de un video, la diputada como se le está haciendo costumbre salir a victimizarse y negó tener prensas y accesorios costosos e incluso mostró algunos que no eran los de las publicaciones. Aseguró que el sombrero que se dijo costaba 33 mil pesos en realidad valió 1,200; los lentes, menos de 1,000 pesos; y la blusa de supuestos 47 mil, no superó los 1,000 pesos. Respecto al anillo, aclaró que fue adquirido hace 13 años, antes de ocupar un cargo público. El legislador morenista fue señalado por asistir junto a su esposa a un evento VIP de la Fórmula 1 en octubre de 2024. Los accesos a esa zona exclusiva estaban valuados en 8,500 dólares (alrededor de 170 mil pesos) por persona; al respecto el veracruzano aseguró que asistió como invitado del Club 51, un grupo empresarial, sin pagar por los boletos. Sin embargo, el club eliminó de redes sociales el mensaje donde confirmaba la cortesía, lo que generó más dudas sobre posibles violaciones a la Ley de Austeridad. También rechazó ser dueño de empresas inmobiliarias y explicó que el reloj que usó en una fotografía con el músico Ozzy Osbourne en 2018 fue adquirido en 2009, cuando aún no era funcionario público. Debido a la incongruencia mostrada por la pareja de legisladores afines a la 4T se vuelve a cuestionar el discurso de austeridad que pregona dicho movimiento. Recientemente, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, señaló que quienes ejercen cargos públicos deben actuar con mesura, incluso si cuentan con recursos personales. “Elegimos esta actividad, y en ella tenemos que poner el ejemplo”, dijo. Algo que se traduce que oculten los lujos por ahora…
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