El encuentro fue enmarcado como parte de las reuniones mensuales que organiza la dirigencia nacional del tricolor para discutir las acciones a seguir, tanto en materia electoral, como frente al Gobierno del Presidente Felipe Calderón.
Hay, sin embargo, temas que deben atender en conjunto, pues sólo de esa manera conseguirán el peso necesario para alcanzar sus objetivos.
Uno de ellos es el dinero.
La mayoría de los estados priistas enfrentan severos problemas con sus pasivos.
Apenas la semana pasada la Secretaría de Hacienda alertó en un documento sobre las deudas de los estados. La dependencia federal mencionó que las entidades con mayores obligaciones de pago de pasivos registradas en el primer trimestre de este año son Coahuila, Quintana Roo, Michoacán, Zacatecas, Chihuahua, Colima, Guerrero, Jalisco, Yucatán y Nuevo León.
La lista de las entidades que tienen obligaciones de deuda iguales o superiores al monto de sus participaciones es encabezada por Nuevo León, cuyos pasivos equivalen al 166 por ciento de lo que reciben de la Federación.
La deuda de Sonora representa el 133%, mientras que Chihuahua y el Distrito Federal acumulan pasivos que equivalen al 100 por ciento de las participaciones que reciben.
Respecto a la “velocidad” con la que han incrementado su deuda, el estado más rápido resulta Coahuila, que en sólo cuatro años, de 2006 a 2010, aumentó sus pasivos en mil 868%.
El segundo lugar lo ocupa Tamaulipas, con mil 186 por ciento; seguido de Chiapas, con 834 por ciento; Nayarit, con 465 por ciento, y Quintana Roo, con 434 por ciento.
En otro apartado, que sólo mide el último año, de 2009 a 2010, el documento de la Secretaría de Hacienda destaca que Coahuila también va a la cabeza con un incremento de deuda del 429 por ciento; seguido de Morelos, con el 267 por ciento; Quintana Roo, con 130 por ciento, y Sonora con 54 por ciento.
De acuerdo con Fitch Rating’s y Standard & Poor’s, los estados de Veracruz, Quintana Roo, Tlaxcala y Nayarit sufrieron una baja en su calificación, mientras que Coahuila, Guerrero, Hidalgo y Aguascalientes, registran una baja perspectiva.
El problema es que el pago de obligaciones por estas deudas está garantizado con porciones cada vez más grandes de las participaciones federales, y el Gobierno Federal no está siendo tan “espléndido” a la hora de hacerles llegar recursos a los estados.
Felipe Calderón, que tiene amplia experiencia en materia electoral, sabe que los estados operan con los recursos que envía la Federación, y por lo tanto se ha encargado de ajustar al mínimo la entrega de recursos y, en todo caso, entregarlos “en especie”, con o0bras y apoyos etiquetados, y con la presencia de delegados federales que le hacen ver a la población que los beneficios que reciben tienen un tinte azul.
Y es que el tema electoral también está en la agenda de los priistas.
En la última encerrona de Gobernadores, realizada el 4 de abril, el hermano del dirigente nacional, Rubén Moreira, aseguró que durante el cónclave habían acordado la estrategia para “aplastar al PAN”.
Fuentes de la dirigencia nacional informaron que en la reunión de esta tarde los gobernadores y líderes parlamentarios discutieron las propuestas de Moreira para poner en marcha un programa nacional de afiliación que costará más de 44 millones de pesos y con el que pretenden tener certeza de su padrón de militantes.
Según la estrategia del tricolor, los afiliados son considerados como factor clave para detonar un programa adicional de promoción del voto, ya que estará basado en que cada militante convenza al menos a cuatro personas cercanas.
También analizan las versiones que –presumen- ha filtrado el gobierno federal, en el sentido de que en las próximas semanas podría darse a conocer el inicio de un proceso penal contra un exgobernador, a quien se le vincularía con el crimen organizado. Los priistas temen que el gobierno panista de Felipe Calderón utilice ese argumento en la víspera de las elecciones en el Estado de México, de manera que sirva como campaña negra contra el PRI.
Nadie ha dado nombres de los posibles exgobernadores que pudieran ser atacados legalmente por la PGR, pero se sugiere que sería un ex mandatario estatal del norte del país.
Ante estas circunstancias, el PRI, sus gobernadores y los coordinadores parlamentarios están formando un bloque que haga frente a las acciones del Gobierno Federal e impida que se les intimide con amenazas de ese tipo.
Falta más de medio año para el 2012, pero ya la temperatura política en el país va a la alza. |
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