Ahora que se reveló que el gobierno federal investiga a 145 empresas factureras a quienes se les ha detectado posibles operaciones de lavado de dinero en una operación conjunta en la que participan el Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría Fiscal, sería conveniente que se profundizara en las observaciones que hizo el ORFIS a las Cuentas Públicas de la Universidad Veracruzana.
La titular del SAT, Margarita Ríos Farjat, dijo que se han detectado verdaderas redes dedicadas a la defraudación fiscal, en un principio, a partir de la elaboración de un modelo de riesgo que favoreciera la investigación, se detectaron 150 empresas presuntamente factureras que emitieron documentos falsos que amparaban operaciones por 282 mil millones de pesos, a partir de lo cual se inició la investigación a 138 de ellas, mismas que le fueron turnadas a la Unidad de Inteligencia Financiera.
En el caso de la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles quien se encuentra sujeta a proceso por el lavado de dinero que se hizo con la contratación distintas universidades para que realizaran trabajos, que nunca se llevaron a cabo, pero que fueron cobrados, ya se ha hecho pública la relación de las instituciones educativas involucradas.
En la Universidad Veracruzana, la rectora Sara Deifilia Ladrón de Guevara al ser entrevistada en su oportunidad negó que la Máxima Casa de Estudios hubiera participado en lo que se conoce también como la Estafa Maestra y ahí quedó el tema.
Sin embargo, primeramente habría que establecer que una empresa fantasma es una compañía que sirve como vehículo para diferentes operaciones empresariales, sin tener ella misma activos significativos u operaciones propias. Las empresas fantasmas no son ilegales en sí, y pueden tener objetivos empresariales legítimos.
Por ello habría que dar continuidad al Informe Individual de la Fiscalización Superior del ORFIS, respecto a las auditorias practicadas el año pasado a la Universidad Veracruzana, que establecieron que durante el ejercicio 2018, se reportan 211 obras y servicios adjudicados mediante contrato por un monto total de $178,325,713.59, encontrando lo siguiente:
188 obras y servicios por Adjudicación Directa.
23 obras y servicios adjudicados por Invitación a cuando menos tres personas.
Advierte el ORFIS que es de destacar que, de los 211 contratos se adjudicaron 109 a solo 22 empresas contratistas, sin respetar los criterios normativos de imparcialidad y transparencia.
Como muestra de botón, hay que apuntar que se hicieron un total de 12 observaciones y 19 recomendaciones determinadas como la Observación Número: FP-011/2018/003 ADM que apunta lo siguiente:
De la revisión y análisis de la cuenta de Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo se detectó un saldo por $59,431,643.40 al 31 de diciembre de 2018, en evento posterior presentaron evidencia de haber recuperado un monto por $40,138,284.37 al 31 de marzo de 2019, quedando un importe pendiente de recuperar por $19,293,359.03, del cual aun cuando proporcionaron evidencia de las acciones para su amortización y/o recuperación, continúan importes pendientes, como se indica a continuación:
De los anticipos otorgados durante el ejercicio 2018 pendientes de recuperar y/o amortizar por un importe de $44,686,376.05; en evento posterior presentaron evidencia de haber recuperado un importe por $40,115,664.53 al 31 de marzo de 2019, quedando un importe pendiente de recuperar por $4,570,711.52, del cual aun cuando proporcionaron evidencia de las acciones para su amortización y/o recuperación, continúan importes pendientes.
De los anticipos provenientes de ejercicios anteriores pendientes de recuperar y/o depurar por un importe de $14,745,267.35; en evento posterior presentaron evidencia de haber recuperado un importe por $22,619.84 al 31 de marzo de 2019, quedando un importe pendiente de recuperar por $14,722,647.50, del cual aun cuando proporcionaron evidencia de las acciones para su amortización y/o recuperación, continúan importes pendientes
Cabe mencionar que, del importe pendiente de amortizar de ejercicios anteriores al 31 de diciembre de 2018 se identificó la obra con número de contrato U.V.-F.M.F.I.A. XAL.-070/2011, por concepto de “Continuación de la construcción del edificio para la Facultad de Matemáticas y de Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa”, la cual fue cancelada durante el ejercicio 2018, sin haber presentado evidencia del reintegro del anticipo por parte del contratista por un monto de $12,067,566.00.
Dado lo anterior, la Secretaría de Administración y Finanzas de la Universidad Veracruzana en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Contraloría General de la Universidad, en su caso, deberán continuar con las acciones para la amortización y/o recuperación de los importes registrados en la cuenta de “Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo” y en un plazo que no exceda a la presentación de la Cuenta Pública 2019 se obtenga la información suficiente para determinar:
a) Establecer el estatus de las obras,
b) Finiquitar las obras u operaciones y amortizar los saldos de anticipos,
c) Emprender acciones legales para su recuperación,
d) Realizar los ajustes y/o reclasificaciones contables, y
e) Procedimientos administrativos por parte de la Contraloría General de la Universidad por el incumplimiento de los exfuncionarios responsables de las acciones.
Incumpliendo presuntamente los servidores y ex servidores públicos responsables del Ente Fiscalizable, con lo establecido en los artículos 58, fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 186 fracción XIII y 236 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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