NO ES secreto que el gasto aplicado en menor cantidad en relación al Presupuesto aprobado originalmente por los congresos Federal o Estatales se conoce como subejercicio, y es común que ayuntamientos o Gobiernos locales, por las causas que fueren, incurran en esas prácticas provocando severas afectaciones a la sociedad, ya que cuando el recurso destinado y etiquetado para ciertas obras o beneficios colectivos no se destina en el año determinado deben devolverlo a la Federación que, por otra parte, lleva en el primer semestre un subejercicio de 140 mil 724 millones de pesos (como si no hubiera suficientes necesidades en materia de salud, agropecuarias, educación y en otros rubros urgentes), aun cuando el decreto por el que se reformó la fracción IX del artículo 114 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de sanción de subejercicios presupuestarios, determina que: “Se sancionará en los términos de las disposiciones aplicables a los servidores públicos que incurran en alguno de los siguientes supuestos”, mientras la fracción IX refiere: “Realicen acciones u omisiones que por negligencia en el desempeño de su encargo o de forma deliberada eviten, condicionen, dificulten o retrasen la asignación o entrega de recursos para que no sean ejercidos oportunamente de acuerdo con los calendarios presupuestales, o de acuerdo con los fines, objetivos y metas anuales previstos en las leyes, decretos, programas o disposiciones de carácter fiscal, o que realicen actos u omisiones que dificulten la posterior fiscalización de los mismos. Los supuestos establecidos en el párrafo anterior, se considerarán como faltas administrativas graves, en términos de la ley que regule las responsabilidades administrativas”. El decreto entró en vigor el pasado 9 de Octubre de 2018, tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
TAMPOCO ES secreto que en Veracruz hay mucha preocupación entre constructores, porque a pocos días de vencer plazos para adjudicar las obras proyectadas no hay anuncios al respecto, aunque esa misma incertidumbre se extiende al campo en los ámbitos nacional y Estatal, y hasta bloqueos carreteros se han presentado –y seguirán habiéndolos- tomando en cuenta que la siembra tiene una temporalidad y no puede realizarse cuando lo determine el Presidente o el Gobernador. En México la mayoría de las tierras no son de riego sino de temporal, y hay indiscutiblemente estaciones de lluvias que los trabajadores del agro aprovechan para la siembra. En Abril de este año, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez encabezó la segunda sesión ordinaria del Consejo Veracruzano para el Desarrollo Rural Sustentable, en donde se dio a conocer que se recibieron 11 mil 255 solicitudes de apoyo del programa de Concurrencia del presente año en las 12 ventanillas a lo largo y ancho del Estado, de las cuales 8 mil 753 son de proyectos agrícolas y más de 2 mil 247 pecuarias y el resto de acuícolas y del sector pesquero, y aunque informó que estaban en etapa de selección y registro para su posible respaldo financiero, han pasado más de tres meses y medio de aquello, y es la fecha que los recursos no han sido dispersados al campo, lo que ha motivado protestas del sector agropecuario y de dirigentes de distintas organizaciones campesinas que a diario se plantan frente a Palacio exigiendo cumplimiento, porque en aquel encuentro en el Museo Interactivo de Xalapa se dijo que la entrega del financiamiento a los productores se haría con total transparencia, dada la actuación de las contralorías sociales que se integraron bajo la vigilancia de la Contraloría General del Estado. Puro cuento, dicen los campesinos.
ES CURIOSO, pero en Enero del año en curso, el alcalde de Xalapa, Pedro Hipólito Rodríguez Herrero reconoció haber devuelto a la Federación 15 millones 680 mil pesos que había recibido a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, ya que a pesar de las múltiples necesidades que hay en colonias populares y en calles del centro, el munícipe no supo qué hacer con ese dinero y terminó devolviéndolo a la Federación. Ahora, los distintos actores políticos de oposición y de adentro de la administración Estatal advierten de un fuerte subejercicio en el que podría incurrir el Gobierno del Estado, lo que le obligaría a devolver dinero a la Federación no obstante las persistentes necesidades en materia de salud, educación, saneamiento y otros rubros, por lo que de ocurrir semejante disparate sería un hecho que debería ser sancionado, aunque seamos claros: si AMLO está incurriendo en esas fallas, porque no, también, los Estados y municipios, que al fin y al cabo el pueblo aguanta, y más cuando se encuentran tan fanatizado por los 3 mil 600 pesos mensuales que les dan en unos casos o 1 mil 800 en otros. Un nini con eso tiene para vivir y seguir apoyando esos derroches.
POR ELLO es inevitable el cuestionamiento: ¿a dónde van a parar los recursos que se devuelven a la Federación producto de subejercicios?. Porque a decir verdad, nadie desea suponer que esas prácticas están siendo diseñadas desde la cúpula para que el Presidente Andrés Manuel López Obrador tenga más dinero para repartir a Ninis y otros beneficiarios de los programas clientelares que le permitan asegurar futuros triunfos, porque aunque existen mexicanos que son manipulados a partir de migajas o limosnas, lo importante son los beneficios colectivos, los que fortalecen la convivencia en sociedad, porque los recursos captados vía contribuciones o, incluso, mediante subejercicios se apliquen en favor de la colectividad. Y es que México no es solo ese “pueblo bueno” al que AMLO entrega remanentes para tenerlos en un puño, sino los 128 millones de mexicanos que claman por mayor seguridad, empleos, salud, educación y esparcimiento a partir de espacios globales.
LO ESTABLECEN los propios argumentos contenidos en la exposición de motivos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, cuando reconocen los impulsores de ese código que los subejercicios derivados de acciones humanas son responsabilidad de los servidores públicos ejecutores del gasto; ellos son los responsables directos, pero también se ha podido establecer que en muchas ocasiones por mera burocracia ha sido la propia SHCP la que retrasa la firma de convenios de coordinación, o por el elevado número de reprogramaciones en el ejercicio, o por incurrir en actuación discrecional que pasa por alto la programación contenida en los calendarios presupuestales y las necesidades de inversión en plazos precisos, y en ese tenor, hacen entrega de manera desfasada de los recursos públicos a las dependencias ejecutoras, incluso, liberándolos casi al termino del ejercicio fiscal, violando la exigencia de ministrar los recursos atendiendo al principio de oportunidad y de respeto a los calendarios de gasto que fueron elaborados de acuerdo a prioridades y requerimientos de las dependencias y entidades, lo que afecta el uso eficiente del dinero público. Lo grave es cuando el dinero ya se tiene, como ocurre en el Estado, pero no se aplica, acaso para devolverlo, en valores entendidos a AMLO, por lo que ojalá y no esté ocurriendo semejante disparate…OPINA carjesus30@hotmail.com
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