HASTA JULIO de 2018, semanas después de la elección, seis personajes asesoraban al, entonces, Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, todos ellos ministros en retiro: Gerardo Góngora Pimentel, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero que ya pintaba para Secretaria de Gobernación e, incluso, fue Góngora quien la presentó y acercó con AMLO. Casi un año después, Góngora, quien este jueves estuvo en un desayuno y comida en Xalapa, dice que la ex ministro solo es “un florero” en el gabinete presidencial, un cero a la izquierda a quien el Presidente López Obrador no toma en cuenta, aunque no solo se trata de Sánchez Cordero, ya que con el tabasqueño, se quiera o no aceptar, tiene colaboradores complacientes y obedientes que no aportan porque, en suma, no hay libertad de colaboración, y lo demuestra la respuesta a una pregunta que le formularon en una de sus mañaneras. Tras la demoledora renuncia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa Macías, en la que expresa su desacuerdo con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por haberse “tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento”, un acucioso reportero cuestionó al titular del Ejecutivo Federal que pasaría si el nuevo responsable de las finanzas públicas se mostraba en disconformidad con alguna instrucción, tal como sucedió con Urzúa Macías, y López Obrador, entre broma y serio respondió: “lo convenzo, créame que lo convenzo”, dando a entender que en este gobierno solo su voz es la que cuenta, y que los funcionarios de su gabinete están para obedecerlo ciegamente.
EL PROPIO Góngora Pimentel confiesa al reportero que el Presidente se encamina al autoritarismo, hacia un régimen absolutista que será muy complicado para México, y puso el ejemplo de la elección de Baja California que era por dos años, y el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo confirmó: “la gubernatura durará dos años”, por lo que revocó la sentencia del Tribunal local que había definido que fueran seis de gestión para quien ganara las elecciones. De esa manera, el próximo gobernador bajacaliforniano tomará el cargo el próximo 1 de Noviembre y lo dejará el 31 de octubre de 2021, como está establecido originalmente en el Decreto 112 del Poder Legislativo local de esa entidad, pero por un capricho del Movimiento de Regeneración Nacional –ordenado por el Presidente López Obrador-, el Congreso de Baja California aprobó por mayoría de votos ampliar de dos a cinco años el periodo del Gobernador electo Jaime Bonilla Valdez, en una sesión extraordinaria y fuera de la ley. El dictamen se subscribió con 21 votos a favor y un voto nulo, presentando la iniciativa el diputado de Morena, Víctor Morán que además formará parte de la siguiente Legislatura, y con el apoyo del PRI que de esa manera exhibe su alianza subrepticia con los morenos, y del PAN, muy a pesar de que inicialmente el diputado Miguel Antonio Osuna Millán votó en contra, aunque al final del día se retractó y dobló las manos.
ANTES DE los comicios de gobernador ya se había buscado la modificación a través de una impugnación a la reforma electoral de 2014 que no tuvo eco, sin embargo, se esperaron a que ganará el Movimiento de Regeneración Nacional para cambiar la temporalidad del futuro Gobernador, aun cuando la elección fue celebrada por un periodo de dos años, lo que exhibe caprichos y autoritarismo que el ministro en retiro Góngora Pimentel describe muy bien cuando se refiere a Andrés Manuel y sus excesos de poder, lo que no hace vislumbrar seriedad cuando dice que solo gobernará seis años, y en una de esas, cambiante como suele ser, convence al Congreso de que se apruebe la reelección para eternizarse como don Porfirio, el personaje que más odia.
CARLOS URZÚA lo definió muy claro: “Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia (planeación), cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea éste de derecha o de izquierda. Sin embargo, durante mi gestión las convicciones anteriores no encontraron eco” y agrega: “me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública”, un hecho que “fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés”, aunque eso a López Obrador le tiene sin cuidado, ya que mientras Arturo Herrera Gutiérrez es el flamante Secretario de Hacienda, su esposa Margarita Ríos Farjat es la titular del Servicio de Administración Tributaria, algo que en cualquier País sería un conflicto de interés menos en México, donde hace algunos años López Obrador mandó al diablo a las instituciones.
LOS OTROS tres asesores de AMLO allá por Julio del 2018 eran el ahora Consejero Jurídico, Julio Scherer Ibarra; el académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas y exdiputado federal, Jaime Cárdenas; el litigante Javier Quijano y el magistrado Juan Luis González Alcántara Carrancá, pero de todos ellos solo Scherer Ibarra se la sigue jugando, pues desde que asumió el poder, al menos 14 servidores públicos han abandonado la 4T, entre estos dos secretarios, dos subsecretarios y un director general en sus primeros siete meses. Se trata de la ex titular de Medio Ambiente, Josefa González Blanco Ortiz Mena que renunció luego de retrasar un vuelo que iba a Mexicali, y ahora Carlos Urzúa Macías por discrepancias con colaboradores de AMLO y el propio Presidente. También Simón Levy, quien el 12 de abril abandonó el puesto de subsecretario de Planeación y Política Turística. Patricia Bugarín Gutiérrez dejó de ser subsecretaria en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El comisionado de Migración, Tonatiuh Guillén que renunció y pasó a Gobernación. El comisionado de Atención a Víctimas, Jaime Rochín del Rincón que anunció que no podía continuar en el cargo por diferencias en la política de atención a víctimas. En la Fiscalía General de la República (FGR) renunció el jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Omar Hamid García Harfuch, y el subprocurador Felipe de Jesús Muñoz Vázquez. Gualberto Ramírez Jiménez que dejó la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, y quien participó en la investigación sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y el secuestro de elementos de la Fiscalía por parte de un Cártel, mientras que el 20 de mayo fue el turno del director del IMSS, Germán Martínez, quien se fue tras denunciar que Hacienda tenía “una injerencia perniciosa” en la operación del instituto. Otros renunciaron por cuestiones personales, entre ellos Patricia Vázquez, consejera del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; Guillermo García Alcocer, presidente de la Comisión Reguladora de Energía; Clara Torres, responsable del Programa de Estancias Infantiles y Gaspar Franco, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Y uno se pregunta: ¿cuándo la mayoría de los alumnos de un colegio reprueban, quien falla: el profesor o los educandos? Usted qué dice. OPINA carjesus30@hotmail.com
|
|