ALGUIEN DIRÍA que el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos ya se “serenaron” en torno al caso del Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, y que hasta le perdonaron para que termine sus nueve añitos al frente de la dependencia (uno más que el mandatario en funciones si es que concluye su gestión), tras entender lo inútil que resultaron tanto el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, José Manuel Pozos Castro y el titular de la Junta de Coordinación Política, el ex vendedor de autos usados oriundo de Hueyapan de Ocampo, Juan Javier Gómez Cazarín, quienes no pudieron convencer ni siquiera a dos diputados de su propia bancada de votar a favor del juicio político pese a que les dieron manga ancha para hacerlo, esto es, recurriendo a los célebres “cañonazos” que solía disparar el afamado general Álvaro Obregón Salido -que por aquellos tiempos eran de 50 mil pesos, pero que ahora rebasarían los cinco millones-. Y es que el par de legisladores que suelen ponerse trabas entre si en aras de ganar el afecto del Gobernador, ni siquiera saben cómo ofrecerle a sus compañeros “un acuerdo”, porque temen ser grabados y exhibidos y, en ese tenor, están tácitamente atados, pues aquello de los moches erradicados no deja de ser un “sueño guajiro” ideado como parte de la eterna estrategia de campaña del Presidente y Gobernador en turno, Andrés Manuel López Obrador y Cuitláhuac García Jiménez, respectivamente.
LOS DIPUTADOS en mención, carentes de oficio político ya que de acuerdo a las biografías que se han escrito de ambos, Gómez Cazarín, por ejemplo, se dedicaba a la venta de automóviles usados antes de ser legislador, y ya como tal ha sido denunciado por uno de sus compañeros de bancada, el polémico y visionudo José Magdaleno Rosales Torres de haberlo amenazado tras denunciarlo por haber recurrido a prácticas poco transparentes para lograr la Junta de Coordinación Política del Congreso Estatal, lo mismo que al acelerado secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, lo que ha derivado en un gran escándalo donde han salido a relucir fotos desnudas de Maleno mostrando sus ridiculeces o, en el peor de los casos, auto posando para una placa que, seguramente, envió a alguna admiradora, y que esta, por algo que no le cumplió, las hizo circular en redes, aunque en ningún momento deja de sospechar del titular de la JuCoPo como autor de semejante disparate, y en ese sentido presentó una denuncia penal que, en agradecimiento a su postura, Winckler le está dando seguimiento mediante su policía científica para coger a los autores de la filtración, según lo ha confirmado el propio Fiscal.
A JORGE Winckler le queda claro que los MoReNos están más preocupados en dirimir sus diferencias que en completar los 34 votos necesarios para que proceda el juicio político que le han encausado, y que, al parecer, a estas alturas le tiene sin cuidado aun cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador giró instrucciones –desde Coatzacoalcos- a la Secretaria de Gobernación para que se encargara del caso, ante la inoperancia de legisladores locales que resultaron puros pájaros con asentaderas grandes. En ese contexto, el Fiscal sigue convocando a conferencias de prensa en las que da cifras y señales de la violencia empoderada en el Estado, como el secuestro del subinspector de la Policía Federal (PF), Gabriel Pulido Noguera (algo que sorprende por el atrevimiento de los grupos delincuenciales), hechos ocurridos la tarde del sábado cuando un grupo armado que viajaba en tres vehículos sobre la carretera Federal Acultzingo-Ciudad Mendoza le marcaron el alto y se lo llevaron, y por el cual, según ha trascendido, están pidiendo a la familia 1 millón de pesos.
PULIDO NOGUERA viajaba en un Nissan Versa color blanco, placas del Estado XZG-590-A de su propiedad, cuando fue interceptado por los tripulantes de las unidades cuyas características se desconocen hasta el momento, y apuntándole con las armas lo bajaron de su auto para subirlo a uno de los tres en que viajaban llevándoselo con rumbo desconocido. El caso, dice Winckler, lo está investigando la Fiscalía General de la República, pero muestra el nivel de violencia e inseguridad que existe en la Entidad, donde de acuerdo con un reciente conteo, hasta el domingo 19 de este mes (79 días de Gobierno) se habían suscitado 340 ejecuciones, lo que implica 4.3 asesinatos dolosos diarios, situación que desmiente la socorrida versión de que en el solar jarocho “no pasa nada” como insisten las autoridades, aun desconcertadas con la realidad del poder, culpando a los medios de no checar sus fuentes, cuando bastaría revisar las hemerotecas periodísticas para corroborarlo, esto sin considerar los crímenes que no trascienden. Tan solo entre viernes y domingo se registraron 20 asesinatos, entre estos, dos víctimas mujeres, una de 14 y otra de 19 años, lo que se está tornando cotidiano: se trata de Lizbeth Hernández Dionicio, de 19 años, asesinada a puñaladas en la colonia Lomas de Casa Blanca, en Xalapa, siendo encontrado su cuerpo desnudo al interior de una vivienda, lo que permite suponer que pudo haber sido abusada sexualmente, mientras que el otro ocurrió en Poza Rica, donde una menor de edad de 14 años fue asesinada por su padrastro cuando intentó defender a su madre de una cotidiana golpiza.
Y MIENTRAS el Estado se desgarra, por una parte en inseguridad y violencia y, por la otra, en ausencia de una auténtica procuración de justicia que anule la impunidad, ya que resulta indiscutible que no existe ni una ni otra, los diputados dejan al garete el asunto del Fiscal ante la incapacidad de los dos principales dirigentes del Congreso: José Manuel Pozos Castro y Juan Javier Gómez Cazarín que no pudieron consensar ni siquiera al interior de la propia bancada de MoReNa con dos legisladores rebeldes que no están dispuestos a seguirles la corriente, y seguramente la respuesta es producto del trato que han recibido del par de soberbios diputados. Winckler sabe que no podrán quitarlo con los métodos que está usando el grupo legislativo del Gobernador Cuitláhuac, y acaso por ello comenzarán a buscarle a Miguel Ángel Yunes Linares, y en ese tenor, en el colmo de la incongruencia, el secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco niega que hayan solicitado más de 2 mil 500 millones de pesos para hacer frente al pago de obligaciones en diciembre, como ya lo había aceptado el Gobernador Cuitláhuac, sino que fue para reponer los 400 millones de pesos que el exmandatario, Miguel Ángel Yunes Linares, retiró de las cuentas del gobierno de Veracruz el último día de su mandato. Lo cierto es que estos señores no se ponen de acuerdo nunca y, lo peor, es que en aras de golpear siguen haciendo el ridículo. Así de simple. OPINA carjesus30@hotmail.com
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