HACE DOCE años o un poco menos, bastaban dos o tres planchas en los distintos Servicios Médicos Forenses para satisfacer la demanda de necropsias a quienes habían fallecido de manera violenta. Los cuerpos no reclamados de inmediato –aunque casi siempre se hacía- eran refrigerados en pequeñas naves con capacidad para cinco o seis cadáveres. No había tanta y semejante violencia, pero los tiempos han cambiado a partir de la “guerra contra la delincuencia”, y las necesidades de los SeMeFos de plano se han disparado, a tal grado que en algunos Estados como Jalisco los acumulan en tráileres, según se pudo constatar el pasado viernes 14, cuando en la caja cerrada de un tracto camión fueron encontrados 273 cuerpos que, aunque congelados, comenzaron a despedir olores nauseabundos que alertaron a la población de Tlajomulco, la colonia donde estadísticas dicen que el 70 por ciento de la población vive entre la pobreza y marginación y, por tanto, dicen los vecinos, “es normal” encontrarse cuerpos descuartizados en bolsas de basura. Los restos encontrados parecían frescos, ya que por la abertura en las puertas escurría un líquido parecido a la sangre. Por ello integrantes de colectivos de familiares que buscan a sus desaparecidos gritaron frente a la Fiscalía de Jalisco y a las puertas del Instituto de Medicina Forense “¡No son basura, tienen nombre!”, “¡No son reses que van en camiones a la carnicería!”. Según las cifras oficiales, solo en Jalisco hay 3 mil 362 desaparecidos e infinidad de cuerpos amontonados, mientras que en Veracruz la cifra rebasa los 7 mil, y en todo México 36 mil 265, aunque la cifra podría ser mayor.
NO ES secreto, por lo tanto, que la capacidad de servicios periciales del País para el manejo de cadáveres esté rebasada, y que ello se deba en gran medida a que los gobiernos Estatales no han destinado ningún presupuesto para crear nuevas instalaciones forenses ni las condiciones necesarias para el registro genético, antropológico, médico y dactiloscópico de restos no identificados. Basta recordar que en Marzo de 2017 y en Enero de este año, vecinos del Servicio Médico Forense de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río denunciaron el “olor a muerte” que se propagaba en las inmediaciones de la zona universitaria y comercial provenientes del SeMeFo, de tal suerte que se impregnaba en la nariz, generando náuseas y malestares que no se pasaban, incluso, después de algún tiempo de haberse alejado. Para quienes habitan o conviven en la zona se ha convertido en algo más que un dolor de cabeza, pues vecinos denuncian que en ocasiones es imposible realizar actividades cotidianas como dormir o comer, pues el sitio está saturado de cadáveres en estado de descomposición.
EN LOS últimos 18 meses, en México han sido localizadas 164 fosas clandestinas con 696 cuerpos, sin contar las que contenían los 174 cadáveres de Arbolillo, municipio de Alvarado, con lo que la suma se eleva a 870 restos humanos. El informe corresponde a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que revela un hecho insólito: pese a los avances científicos, del total solo 54 cuerpos han sido identificados y el resto sigue sin ser reconocidos, y eso está sucediendo en todo el País, por lo que a diario se acumulan cadáveres que nadie acude a identificar, acaso porque son migrantes enganchados, niños secuestrados y obligados a delinquir en Estados lejanos a donde fueron levantados, o porque sus familiares no desean más conflictos pero, como fuera, el problema está ahí: los SeMefos del País ya son insuficientes para albergar a tanto cadáver, y las autoridades no están dispuestas a construir o adquirir cámaras frigoríficas para mantenerlos en tanto son identificados, por el contrario, en muchos casos optan por la fosa común donde jamás podrán ser reconocidos.
DICEN INTEGRANTES del Grupo de Servicios Periciales y Ciencias Forenses que el dinero que otorga el Gobierno Federal a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), se aplica para la adquisición de patrullas o cámaras de vigilancia, mientras miles de cuerpos se acumulan en espera de ser incinerados o depositados en fosas comunes, y que entidades como Jalisco, Guerrero, Veracruz, Morelos y Tamaulipas ya han tenido contratiempos por la acumulación de restos; “es un problema añejo en el país y no se ha puesto atención en los servicios médico forenses”. Hace unos cinco años existía un proyecto para tener un solo modelo de servicios y se acabó porque no hubo suficientes recursos porque los gobiernos estatales no han tomado en consideración las necesidades de los servicios forenses, pese al disparo de ejecuciones, cuerpos encontrados en fosas clandestinas o que jamás son reclamados por familiares.
Y VERACRUZ es uno de esos casos en donde los Servicios de Medicina Forense resultan insuficientes, y acaso a ninguna autoridad pareciera interesarle ya que, seguramente, los muertitos no agradecerán mejores instalaciones. Y es que las fosas clandestinas localizadas en el Estado son ya incontables, pues la Entidad, según lo vaticinó hace algunos años el sacerdote Alejandro Solalinde, es el cementerio clandestino más grande del País con una modalidad: ahora en las fosas suelen aparecer cuerpos de niños, y los informes de colectivos que buscan a sus familiares confirman al menos 10 restos de menores, aunque el tema no es novedad ya que en 2014 se localizaron tres fosas: una en el rancho El Diamante, ubicado en el municipio de Tres Valles con los cadáveres de dos menores, otra en la colonia Luis Echeverría, de Coatzacoalcos, de la que se exhumaron restos de una niña de cinco años, y una tercera fosa en La Gallera, municipio de Tihuatlán con dos cráneos de niños. En Abril de 2015, por otra parte, se localizó el cadáver del menor Luis Ángel, de 17 años, quien fue hecho pedazos y lanzado junto con otra persona a un pozo de la colonia JM Rosado.
CIFRAS DEL más reciente reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), señalan que en lo que va del año han sido asesinados 26 menores; en 2017 fueron 63; en 2016, 22 y en 2015, 17. Y es que en varios casos, los menores son asesinados cuando sus padres son buscados por ajustes de cuentas, y por las prendas de ropa localizadas en la fosa de Arbolillo hay menores que, ahora se sabe, son al menos 10. En fin, esto no para, pero tampoco las autoridades están dispuestas a ampliar los SeMeFos para dar espacio a tantos cadáveres o restos encontrados y que requieren ser identificados por sus familiares, pues llevarlos a la fosa común sería condenarlos a la no existencia y al dolor imperecedero de quienes los buscan. Así de simple. OPINA carjesus30@hotmail.com
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