SEGÚN EL artículo segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, este ilícito se comete cuando tres o más personas se organizan para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes: terrorismo, acopio y tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de órganos, corrupción de menores o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o que no tienen capacidad para resistirlo, delitos en materia de trata de personas, conductas previstas en la Ley para Prevenir y
Sancionar el Secuestro, contrabando y su equiparable, delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos y contra el ambiente, y de acuerdo a la Procuraduría General de la República, Javier Duarte de Ochoa si incurrió en alguna de esas conductas, ya que en el uso y abuso personal de los recursos pertenecientes al Estado tuvo cómplices que operaron empresas fantasmas, compraron en su nombre propiedades o utilizó prestanombres, en pocas palabras, el ex gobernador, ahora en prisión, no pudo actuar solo para desarrollar la cadena de corrupción que le permitió saquear las arcas públicas, adquirir propiedades como lujosas residencias y departamentos en México y el extranjero, alhajas, muebles, obras de arte y un sinfín de ocurrencias para satisfacer su ego. Definitivamente no actuó solo sino en complicidad con amigos, empleados, conocidos o familiares, y en ese tenor la PGR desmiente que lo haya exonerado de semejante ilícito -que a juicio de expertos es muy difícil de comprobar-, y que solo lo investigaría por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y aunque Duarte buscaría usar el mismo argumento que la profesora Elba Esther Gordillo argumentando que utilizó en sus corruptelas dinero del Estado, la delincuencia organizada sigue adelante como sustento de su proceso.
UNO NO desearía pensar que acuerdos subrepticios entre los Presidentes -en funciones- Enrique Peña Nieto y –electo- Andrés Manuel López Obrador estarían echando por la borda a la justicia, esto es, Elba Esther a la salud de AMLO y Duarte para Peña Nieto en pago a favores pretéritos, porque sería incurrir en suposiciones o hipótesis que deseamos estén desterradas en el País, y acaso por ello altos funcionarios de la PGR se comunicaron este martes con el reportero para desmentir los buenos deseos de seguidores de Duarte en el sentido que estaría a punto de abandonar la prisión. No, de ninguna manera, nos dicen: Duarte seguirá en prisión y por el momento –y nos recalcaron “por el momento” por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, aun cuando resulta extraño que el mismo día en que López Obrador es declarado electo, la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación abandona la prisión domiciliaria, y que el día que se reúnen ambos gabinetes –el entrante y el saliente- surja el rumor de que la PGR retira la acusación de delincuencia organizada contra el repudiado ex gobernante, de quien se ha dicho que financió parte de la campaña presidencial de Peña Nieto, mientras que no es secreto que la familia de Gordillo fue determinante en la campaña del tabasqueño sobre todo con el magisterio fiel a doña Elba. Tampoco es secreto que AMLO echará abajo la reforma educativa, argumento que Peña asume mansamente, ni que Duarte tiene privilegios en prisión como el no consumir alimentos del Reclusorio Oriente, un televisor, juegos de mesa, ropa especial y todo cuanto se le ocurra, hasta un teléfono móvil con el que mantiene comunicación con su familia en Londres sin que existan críticas MoReNas. Insistimos, deseamos creer que todo cambiará con López Obrador, pero hay cosas que inducen a la duda, aunque lo importante es que la PGR diga “No” al rumor esparcido, seguramente desde los intestinos del Reclusorio Norte de que Javier Duarte ya no sería juzgado por delincuencia organizada.
Y EL asunto preocupó, porque a Elba Esther Gordillo primero le quitaron el delito de delincuencia organizada y le dejaron el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero al demostrar su defensa que los dineros que manejaba eran del Sindicato y no producto de la delincuencia organizada o de otra oscura actividad, simple y llanamente el caso fue sobreseído logrando libertad plena tras permanecer 5 cinco años con cinco meses y once días en prisión, luego de que el Primer Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México declaró procedente un incidente de sobreseimiento o cancelación del proceso al considerar que las pruebas acumuladas no acreditan la responsabilidad de Gordillo.
LA HISTORIA, por lo tanto, no se repetirá, o al menos eso nos dicen altos funcionarios de la PGR, y Javier Duarte de Ochoa seguirá en prisión, esperamos que por mucho tiempo, porque definitivamente no es inocente ni en su caso tendría por qué aplicarse la ley juarista: “a los amigos justicia y gracia, a los enemigos justicia a secas”, frase atribuida al Presidente Benito Juárez cuando le pidieron clemencia para Maximiliano de Habsburgo, pero también acreditada a Porfirio Díaz cuando obligado por las circunstancias tuvo que perdonar a su yerno Ignacio de la Torre, el afamado “41”, y a su grupo de amigos que solían escandalizar la entonces conservadora ciudad de México con fiestas donde disfrazados de mujeres daban rienda suelta a sus pasiones.
PERO SI nos equivocamos y Duarte abandonara la cárcel en corto plazo, tendría que ser en el sexenio de Peña Nieto, pues hacerlo durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sería en demérito de su gobierno que pretende inmaculado. No se sabe los acuerdos entre Peña y Obrador, pero de que existen al menos “buenas intenciones” para dejar en libertad a tan finísimas personas, ni quien lo dude, situación que pervertiría la credibilidad de los que esperan transparencia. Otro dato preocupante, al menos para el Gobierno de Veracruz, es si Duarte resultara absuelto como Elba Esther, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares estaría obligado a devolverle todo lo que le ha incautado y, en una de esas hasta enfrentaría denuncia por daño moral pero por fortuna no sucederá. Nadie lo desea, ya que Duarte debe pagar por sus crímenes. Así las cosas…
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Y COMO en todas partes se cuecen habas, el Consejo General del INE tiene agendado para la sesión del próximo jueves un tema que tendrá repercusiones directas en Veracruz, ya que involucra a las consejeras del OPLE, Tania Celina Vázquez Muñoz y Eva Barrientos Zepeda en hechos que podrían configurar alguna de las causales de remoción previstas en el artículo 102 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, LEGIPE e, incluso, en un delito de orden penal. Y es que de acuerdo con el expediente UT/SCG/PRCE/EZM/CG/21/2017, derivado de la denuncia presentada por el actual Regidor Quinto de San Andrés Tuxtla, Efrén Zanatta Malagón, las consejeras habrían avalado la falsificación de la firma del entonces candidato a regidor por San Andrés Tuxtla, lo que permitió cambiarlo de la tercera posición a la 5 en la lista de regidores de la planilla del actual presidente municipal Octavio Pérez Garay, quien ganó la alcaldía por la vía independiente. Esto se pondrá bueno, sin duda. OPINA carjesus30@hotmail.com
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