ELLOS FUERON los que propiciaron el cataclismo del PRI en territorio veracruzano, sin entender que el triunfo de un partido antagónico abanderando al candidato que más les aborrecía terminaría por llevarlos al espacio que ahora detentan: una fría celda en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México –donde Javier Duarte de Ochoa refunfuña su desgracia-, y varias más en el Penal de Pacho Viejo para sus colaboradores más cercanos donde, seguramente, envejecerán, y más aún si la coalición PAN-PRD-MC logra imponerse en las elecciones de Julio. De ser así, los que ahora enfrentan procesos podrían quedarse allí los próximos seis años, y si el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez sigue los pasos de su hermano, claro está, con todo el respaldo de ese clan, ni el ex Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez -ex mandos y ex policías que le acompañan en prisión-, ni Gina Domínguez, la engreída ex vocera del duartismo, como tampoco el ex titular de Finanzas, Mauricio Audirac; Antonio Nemo Dib, ex titular de Salud y Francisco Valencia, exsecretario de Infraestructura y Obras Públicas podrán salir de la cárcel en menos seis a doce años, y todo por la ambición de poder y dinero combinada con soberbia, y en algunos casos con la deshumanización que conllevó a la desaparición forzada de personas que, finalmente, o fueron desaparecidas o sepultadas en fosas clandestinas, alentando sufrimiento sin límite en sus familiares y en gran parte de la sociedad que culpó al PRI –y no a los malos funcionarios- de la locura de unos cuantos.
EL VOTO de castigo para el Revolucionario Institucional se convirtió en aversión generalizada, aun cuando Duarte de Ochoa y gran parte de su pandilla ya está en prisión, y otros a un paso de ser atrapados una vez que fenezca el fuero constitucional que les protege al desempeñarse como legisladores Federales y locales. Aun así, la ceguedad ha impedido un análisis serio en torno a las ofertas electorales, a tal grado que muchos no están tomando en cuenta experiencia, trayectoria, preparación y ejercicio de gobierno para decidir el voto. Está claro que quienes llevaron a la quiebra a Veracruz ya están siendo juzgados y de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aún viene lo peor para algunos, pues el descubrimiento de fosas clandestinas con restos óseos, desaparición de personas, secuestros y penetración de grupos fuera de la ley en la Entidad estarían por complicarle su situación jurídica al ex gobernador en prisión.
Y SI a lo anterior se suma que la Fiscalía General del Estado tiene abiertas 2 mil 340 denuncias por desaparición de personas, principalmente en municipios como Jalapa, Veracruz, Coatzacoalcos, Córdoba, Poza Rica, Cosoleacaque y Tuxpan, todo ello ocurrido durante el gobierno de Duarte de Ochoa que ya enfrenta varios procesos en el Reclusorio Norte, la suerte del ex mandatario no está como para echar campanas al vuelo, pues seguramente la traición no se hará esperar al interior de Pacho Viejo pues algunos, con tal de conseguir beneficios no dudarán en empinar al ex gobernante como autor intelectual de esos ilícitos de lesa humanidad.
POR LO pronto la negativa de la Juez de Control de otorgar prisión domiciliaria a la ex vocera Gina Domínguez es preludio de que no habrá piedad para los duartistas, y menos para aquellos que utilizando plumas de alquiler se le fueron a la yugular al, ahora, gobernador y a sus hijos, en un ejercicio con el que pretendían ganarse, de bote pronto, unos centavos. La madame seguirá en prisión, y aunque ahora dice desde la cárcel que su reclusión ha afectado severamente a sus hijos, seguramente en sus reflexiones jamás se ha preguntado a cuántos hijos de sus enemigos dañó con sus perversidades, al desatar toda una guerra de infundios recurriendo, incluso, a falsos portales y gatilleros de la desinformación para denostar y burlarse en las sombras de sus hazañas, frustrada, tal vez, porque nunca pudo retener lo que no era suyo. Y si Gina no saldrá en muchos años de prisión, como los agraviados esperan, el exgobernador Javier Duarte la tiene peor tras haber sido vinculado a proceso por los delitos de peculado, tráfico de influencias e incumplimiento de un deber legal, faltas que le fueron imputadas por la Fiscalía General del Estado y por las cuales podría enfrentar penas de hasta 38 años de cárcel.
NO DESEAMOS a nadie la suerte de los duartistas, pero a decir verdad, ultrajes y humillaciones cometidas contra gobernados no tienen nombre, ya que no solo saquearon las arcas –que se integran con impuestos que paga la sociedad- sino que, en franco reto a los gobernados que menos tienen se compraron bienes que ni siquiera tuvieron la decencia de disfrazar, inmuebles que jamás habrían podido adquirir con un trabajo honrado, y acaso por ello el Gobierno del Estado debe seguir incautándolos, aunque es menester decirlo: bajo la lupa de la sociedad a la que se debe transparentar cuentas, esto es, informar el destino de la riqueza recuperada si desean evitar malos entendidos y una persecución similar en caso de que gane la gubernatura otro candidato distinto al PAN-PRD-MC, porque bien lo dice la sabia sentencia: los carniceros de hoy serán las reses del mañana o, lo que es lo mismo, siéntate en el quicio de tu puerta a ver el cadáver de tu enemigo pasar.
Y SI algún partido ha perdido en esta persecución que debería ser encuadrada, exclusivamente, en el marco de la ley, y solo para hacer justicia a los veracruzanos sin llevarla al plano electoral, éste ha sido, sin duda, el PRI, a tal grado que al candidato de ese instituto a la gubernatura, José Francisco Yunes Zorrilla le ha tocado “bailar con la más fea”, y no porque sea mal abanderado; todo lo contrario, sino por la enorme losa que constituye en estos momentos el Revolucionario Institucional. Con todo y ello, y de acuerdo a las recientes encuestas, su aceptación comienza a subir, porque muchas personas comentan en redes sociales y en los comederos que en política no se debe privilegiar la venganza como instrumento de poder, más aun cuando los resultados en materia de empleo y seguridad van a la baja. Y es que según el más reciente estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), temas de inseguridad y corrupción han mermado la calidad de los empleos en Veracruz, situación que revela el engrosamiento del sector que percibe 2 salarios mínimos como nivel de ingresos, lo que de acuerdo a José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, refleja la precarización del mercado laboral, pues si bien se ha generado empleo, las pocas nuevas plazas son de menor calidad en materia salarial. Así las cosas. OPINA carjesus30@hotmail.com
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