DESDE SU asunción el 9 de Diciembre de 2016 como titular de Prevención y Reinserción Social, Raúl Platón del Cueto Morales ha navegado entre yerros, corrupción, nombramientos sospechosos y fugas, como aquella ocurrida a principios de Enero del 2017 en La Toma –apenas días después de su arribo al cargo-. José Antonio Zopiyactle, peligroso multi homicida originario de Tezonapa se escapó de aquella cárcel, dicen que con la complacencia de las autoridades, lo que motivó la destitución del encargado de ese penal, Arnulfo Aquino Sánchez (a) El Mudo, aunque días después, inexplicablemente, fue restituido. Cabe recordar que Aquino Sánchez fue custodio en el centro penitenciario de Coatzacoalcos, y personal penitenciario duda mucho en torno a si pasó las pruebas de confiabilidad, pero el sucesor resultó peor. Y es que Valentín Hernández Santiago, de acuerdo a testimonios en nuestro poder firmados por familiares de reclusos, cobra elevadas cuotas a quienes purgan condena o esperan sentencia en La Toma, donde se les obliga a vender enervantes o realizar actividades infamatorias, ya que de lo contrario deberán pagar entre 5 y 10 mil pesos para librar esas “obligaciones” a que son sometidos. La extensa misiva que se nos ha hecho llegar –y que, paulatinamente iremos dando a conocer- refiere que parte de las ganancias por la venta de droga, cigarros y otros productos al interior de la cárcel son entregadas a Raúl Platón del Cueto Morales, quien el 5 de Junio de 2007 salvó milagrosamente la vida en el puerto de Veracruz cuando hombres armados le dispararon. El, ahora, funcionario del Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares que en aquel tiempo se desempeñaba como director del desaparecido penal “Ignacio Allende” del puerto de Veracruz -donde los negocios subrepticios eran comunes-, logró salvar la vida al echarse en reversa y conducir en sentido contrario. Se dijo que los agresores de Raúl Platón formaban parte de un grupo contrario al que solapaba dentro del desaparecido reclusorio…
TAL VEZ por ello no es fortuito que el pasado 5 de este mes, familiares de internos del Reclusorio ubicado en Amatlán de los Reyes se manifestaran afuera de las instalaciones carcelarias para exigir que cesen las cuotas y el hostigamiento a sus parientes en prisión, ya que ningún dinero les alcanza y temen que les hagan algo. Y es que en esa, como en otras cárceles del Estado, las presiones subieron de tono a partir de la llegada de Cueto Morales a Prevención y Reinserción Social, una posición que nunca debió ocupar por los antecedentes que le preceden, y en el caso de Valentín Hernández Santiago, el actual director de esa cárcel, tan solo recibe instrucciones y, por lo tanto, debe cumplir las cuotas establecidas, y aunque dicen quienes conocen los intestinos del conflicto que podría ser renunciado y acusado de abuso de autoridad, lesiones y privación ilegal de la libertad a familiares de internos que fueron desalojados por instrucciones suyas el día que México celebraba el 101 aniversario de la promulgación de nuestra Carta Magna (que en su Capítulo I inherente a los Derechos Humanos y Garantías, inciso tres, establece que todas las autoridades en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley), lo más seguro es que permanezca en el cargo. Hernández Santiago es denunciado por reclusos y familiares de violencia psicológica, física y el cobro de piso dentro del mismo centro penitenciario, lo que obligaría a su remoción inmediata, aunque los negocios subrepticios en ocasiones impiden la aplicación estricta de la ley.
TAL VEZ porque no se actuó a tiempo, como en este caso, actualmente 19 elementos de la llamada Fuerza Civil que encabezó en el Duartazgo el teniente de infantería, Roberto González Meza, se encuentran ahora procesados por desaparición forzada, algo que permitió y consintió el ex titular de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, hoy coacusado de semejantes crímenes de lesa humanidad junto con altos mandos de la corporación que desde la noche del miércoles fueron internados en el penal de Pacho Viejo. Por ello, sin duda, las cárceles veracruzanas están a punto de convertirse en un polvorín debido a la acción irresponsable de mandos superiores que deben ser supervisados para eliminar todos los vicios que allí se siguen incubando, aunque representen el gran negocio para unos cuantos. No hacerlo en tiempo y forma terminará por hacer expansiva la protesta de familiares de internos que ahora deben trabajar el doble para dotar a sus parientes y así garantizar la sobrevivencia de quienes actualmente purgan una condena o están a la espera de sentencia. Y es que las cárceles veracruzanas, nos escriben los atribulados familiares, se están convirtiendo en una universidad del crimen, ya que aunque no quieran, los reclusos son obligados a seguir delinquiendo y eso el Gobernador no debe permitirlo, sobre todo ahora que ha demostrado combatir todo aquello que ha lesionado a la sociedad de por vida, como fue la desaparición forzada cometida por desleales servidores públicos a quienes la sed de sangre parecía no llenarlos.
ALGUNA VEZ en este mismo espacio criticamos el zoológico que el entonces Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, tenía en la Academia de Policía de El Lencero, compuesto por leones, tigres, jaguares y cuatro cocodrilos, entre otros animales exóticos, y sin acusar, porque no teníamos pruebas para ello, indicamos que en la Colombia de Pablo Emilio Escobar Gaviria esos animales eran usados para desaparecer a los enemigos. Y es que de acuerdo a investigaciones posteriores en aquella Nación, a los integrantes de bandas contrarias los descuartizaban y en pedacitos se los daban a comer a esas bestias para, finalmente, ser arrojado como excremento. El zoológico de Bermúdez no tenía razón de ser, aunque ahora se sabe que muchas personas desaparecidas eran llevadas a las instalaciones policiacas de El Lencero, y allí se les perdía el rastro. Ni acusamos ni suponemos, pero acaso la Fiscalía Estatal tenga en el tema una hebra que les conduzca a la luz de muchos acontecimientos fatales ocurridos en el despreciable sexenio de Javier Duarte de Ochoa, a quien también se le debería vincular a proceso por delitos de desaparición forzada, como titular del Ejecutivo y jefe supremo de los malos policías que ahora deberán enfrentar a la ley. Por lo pronto el Gobernador Yunes Linares no debe quitar la vista de los reclusorios, antes de que se conviertan en una enorme piedra en el zapato. Así de simple. OPINA carjesus30@hotmail.com
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