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FRANCISCO BERLÍN VALENZUELA
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2013-09-09 / 21:30:53
El congreso mexicano ha abdicado de la función de indagación
Ante los acontecimientos que se han venido presentando en nuestro país durante las últimas semanas, con motivo de la aprobación de las leyes secundarias de la reforma educativa, la opinión pública se ha polarizado en dos posturas que originan un conflicto de urgente atención y resolución. Esa determinación legislativa provocó una serie de manifestaciones de descontento -en ocasiones violentas-, que se han venido extendiendo a varias entidades de la república.

El quid del asunto se encuentra en que una parte de los maestros afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) -e inclusive algunos del SNTE-, consideran que tales leyes son lesivas a sus intereses por diversas razones. Afirman que las cámaras del Congreso no tomaron en cuenta sus puntos de vista y las aprobaron, con una singular prisa porque el día en que se abrió el periodo ordinario de sesiones fueron presentadas al pleno y resultaron aprobadas en la madrugada del día siguiente. De inmediato, fue pasada a la colegisladora, que la aprobó dos días después.

Ante estas circunstancias, los grupos de la CNTE han convocado a gran número de maestros apelando a su sentido gremial para que se unan al movimiento y exijan al Presidente de la República, que no sean promulgadas dichas leyes o, mejor aún – según ellos,- que cediendo a las protestas imponga su veto.

Es en éste punto en donde quisiera llamar la atención de los miembros de las cámaras de diputados y de senadores, -así como a los integrantes de los congresos locales-, para motivarles a que ejerzan una función muy importante de los parlamentos, a saber, la función de “indagación”. Ésta actividad no se encuentra contemplada en la doctrina del derecho parlamentario pero su naturaleza, alcances y posibilidades fue explicada -y analizada ampliamente-, en el texto que sobre la materia escribí hace tiempo, al considerar que el tema tiene una gran trascendencia para la positividad y el cumplimiento del derecho.

En términos generales, en nuestro medio, la elaboración de las leyes se ha venido dejando en manos del poder ejecutivo. Para su formulación, el presidente según sea el caso, se auxilia de científicos, tecnólogos, técnicos, expertos y eruditos en las diversas ramas del conocimiento humano. El titular de ese poder, es el que -midiendo los tiempos de su quehacer gubernamental-, decide el momento más oportuno para presentar al Congreso de la Unión, las leyes y disposiciones normativas que le permitan realizar su programa y las políticas públicas que estima convenientes.

Y éste es, precisamente, uno de los hábitos más censurables del parlamentarismo mexicano. La predisposición a esperar y/o aceptar -sin cuestionar-, la idoneidad de las iniciativas o de los tiempos para su discusión y aprobación. Esta declinación termina por restarle fuerza y respetabilidad al Congreso. Pues en última instancia, el espíritu de las leyes -y su factibilidad-, es determinado por la información que proporcionan los expertos. Ellos son quienes asesoran al titular del ejecutivo sobre el cuándo y el cómo deben de ser presentadas. Dicho de manera muy concreta, al final de cuentas, la conceptualización y la presentación de las leyes queda al arbitrio de los asesores del ejecutivo.

Esa circunstancia cobra especial relevancia si consideramos que en buena medida, la idoneidad de una legislación deriva de la intención o de los buenos propósitos para solucionar, a través del derecho, problemas que existen al interior de un país y encontrar respuestas a situaciones que afectan a su población, o a buena parte de ella.

Es obvio que en el congreso también existe una natural necesidad de contar con opiniones altamente calificadas para la elaboración de las leyes. Pero eso puede superarse haciendo que el órgano legislativo cuente, también, con un buen cuerpo de expertos y de asesores que les aconsejen sobre los aspectos técnicos o los conocimientos altamente especializados. La gran diferencia en que sea en los órganos legislativos en donde se generen las leyes, consiste en que estas instituciones poseen una representación política que supone un liderazgo y vinculación directa con sus representados y, eso -en lenguaje político llano-, significa un gran poder de legitimación para las futuras modificaciones, cuestión que no detentan los asesores y expertos del ejecutivo, por más doctos que sean.

Claro que el presidente debe de contar con el respaldo y el apoyo de su mayoría parlamentaria para la aprobación de las leyes que hagan posible sus planes y programas, pero en la ponderación de los contenidos, alcances y los tiempos para su presentación, la opinión, experiencia y representatividad de los legisladores debe de estar por encima de los criterios de cualquier experto.

En los actuales momentos estamos en presencia de leyes educativas que todavía no entran en vigor y ya se está cuestionando su cumplimiento. Se escuchan voces cada vez más crecientes, abonando en la idea de que sean vetadas por el ejecutivo o que de plano, no sean promulgadas.

¿A qué se debe esto? ¿No será que además no hubo suficiente cabildeo con los grupos indicados, para convencerlos de que las reformas propuestas eran buenas para mejorar el sistema educativo nacional? ¿Es qué acaso se ignoró que el Congreso debe de hacer uso de la prospectiva política? No hay que perder de vista que la palabra viene del verbo latino prospicere: mirar delante de uno mismo, observar a lo lejos. Es decir, una manera de ver -al mismo tiempo-, a lo lejos y en perspectiva determinada situación, intentando conjeturar futuros probables a partir de un análisis riguroso para postular hipótesis en base a experiencias y conocimientos acumulados. Es una forma de prever los efectos que en el futuro inmediato pueden producir las leyes, a fin de que se traduzcan en beneficios para sus destinatarios, cuidando, al máximo posible, evitar daños en la aplicación de sus contenidos.

Siempre será preferible prever las posibles consecuencias de que habiendo sido aprobada una ley, quede sin aplicación. En nuestro país hay muchos casos verdaderamente paradigmáticos de lo que, legislativamente hablando, no hay que hacer. Aún está fresco en nuestra memoria la promulgación -en 1973-, de la llamada ”Ley Inquilinaria” que ante la inconformidad y rechazo que generó, terminó siendo motivo de otra iniciativa que “ aplazó” su entrada en vigor para cinco años después, pero que en la realidad nunca tuvo positividad.

Hay que tener presente el hecho de que los tiempos del ejecutivo y del legislativo no son siempre coincidentes, pues obedecen a distintas exigencias y funciones. La acción del poder ejecutivo, por la misma aceleración e influjo de los numerosos fenómenos que ocurren en su entorno, lo obligan a actuar con premura y a tomar decisiones, que en ocasiones pudieran parecer precipitadas, o sin la suficiente ponderación de su oportunidad.

En cambio, el parlamento, por razón misma de lo numeroso de sus integrantes, puede ocuparse de lo mediato y con esa ventaja, reflexionar y prever las consecuencias posibles de los actos legislativos y que eventualmente también pueden impactar en situaciones que se pensaba atender de manera inmediata

Así es como debe de entenderse la función de indagación del parlamento. Es decir, comprenderla como una actividad de análisis de la realidad que discurre en base a razones o fundamentos para sopesarla y evaluar la conveniencia de lo que se propone formular como norma de convivencia.

También puede tener otra acepción complementaria, al entenderla como un método para analizar lo ya legislado y verificar sus efectos. Observando si la intención de los legisladores ha sido congruente con la realidad y si, además, la aplicación de una determinada ley ha sido benéfica, inocua o, en su caso, obstaculizante para la actividad productiva de los sectores a quienes se destinó. Este análisis ayudaría a determinar si un precepto normativo debe ser derogado, mantenido o reforzado.

Si para la aprobación de muchas leyes se hubiera procedido de esta manera, no tendríamos que lamentar asuntos tan lamentables como: la desertización; contaminación; extinción de especies de la flora y la fauna; concentraciones excesivas de población; y muchos otros fenómenos deplorables, y algunos hasta irreparables.

Por todo lo anterior, es urgente que el parlamento mexicano ejercite esta función de indagación, para que la aplique tanto a lo que sucede, como para realizar la previsión prospectiva que a todas luces debe de ejercer. Hacerlo sería una garantía de mejor futuro y de menos problemas para el pueblo mexicano.

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