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FRANCISCO BERLÍN VALENZUELA
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2013-08-24 / 22:03:51
Grandes "Falacias" de la Democracia en México. A propósito de la reforma política
Primera Parte
Hay que ser escépticos para evitar creer todo lo que nos digan. Abundan personajes de todo tipo y origen que son muy dados a mentir para hacernos creer que lo blanco es negro y lo negro es blanco, a pesar de que la evidencia en contrario esté a la vista. Esto sucede con particular recurrencia en el caso de la democracia mexicana. Se afirma que se encuentra en una etapa desarrollada pero es fácil percatarse de que aun posee muchos elementos de auténtica ficción.

El análisis académico sobre la calidad de nuestra democracia, nos lleva a decir con toda objetividad que aún no hemos logrado alcanzar las características que resultan necesarias para afirmar que se vive en una democracia avanzada. Los estándares aceptados para tal designación todavía son puerto lejano porque en nuestro medio continúan siendo muchas las simulaciones y las patologías fácilmente constatables. Para ubicarnos solo basta con poner atención a los reclamos que, ahora mismo, están tratando de hacer valer los partidos en el contexto de la pasada elección realizada en catorce estados de la unión. (Descalificación de autoridades electorales locales; desvío de recursos públicos en beneficio de determinados candidatos o partidos; robo de urnas; alteración de la documentación electoral; “caída” de programas de resultados preliminares; organización de “carruseles”; compra de votos; rebase de topes de campaña y un amplio etcétera).

A continuación citaremos algunas de las cuestiones que en nuestro concepto revisten la mayor importancia en el propósito de superar limitaciones y atavismos a fin de lograr un mejor proceso de democratización en México. Las hemos rubricado como “falacias” porque se trata de afirmaciones ilusorias que a fuerza de repetirse durante muchos años se han dado como verdades indubitables. Analizarlas a la luz de diversos argumentos permitirá contrastar su contenido y evidenciar la inconsistencia de sus enunciados.

Primera falacia:

Comencemos con la forma de integración de los organismos electorales. Se ha venido sosteniendo -desde la creación del Instituto Federal Electoral-, que el IFE surgió como una institución ciudadanizada. La Constitución Federal de la República, le considera como un organismo público, autónomo y permanente encargado de organizar las elecciones federales esto es, las referentes a la elección del presidente de la república y de los diputados y senadores que integran el Congreso de la Unión. Asimismo, nuestra máxima norma establece que en la conformación del Instituto Federal Electoral participen ciudadanos, además de representantes del Poder Legislativo Federal y de los Partidos Políticos Nacionales. Para el cumplimento de sus importantes fines se le otorgó independencia en su funcionamiento y toma de decisiones, así como personalidad jurídica y patrimonio propios.

Ahora bien, cabe preguntarse si, ¿realmente el IFE es un organismo ciudadanizado?, porque si bien, su Consejo General es elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, a partir de las propuestas formuladas por los grupos parlamentarios -y se supone-, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, en realidad todos sabemos que la integración de ese Consejo se ha convertido en un coto de poder de los partidos.

En los hechos han acaparado todo: nombran a los miembros del Consejo General; tienen un representante por cada partido; participan furtivamente en la designación del presidente; los integrantes que provienen del poder legislativo -uno por cada fracción parlamentaria-, emanan de los propios partidos luego cabe preguntarse ¿cuál ciudadanización? ¿En qué forma participan entonces los ciudadanos, las asociaciones de profesionales, las escuelas y facultades, los miembros de la sociedad civil en la designación de los integrantes que se supone les corresponden?

La forma de integración del Consejo General del IFE debe de ser vista como una falacia porque como lo señalamos, los consejeros que se supone deberían de ser ciudadanos -designados por la Cámara de Diputados-, tras una amplia consulta ciudadana, en realidad surgen de acuerdos cupulares entre los grupos parlamentarios que se reparten los lugares como convenientes posiciones políticas.

Como se ve, son los intereses de los partidos políticos los que mantienen el control de la integración del Consejo General del IFE. Esta situación ha quedado más que evidenciada en los últimos meses porque llevó más de un año nombrar a tres consejeros. Y por falta de acuerdo entre las cúpulas partidistas en la cámara, aun no ha sido posible nombrar al substituto del Dr. Sergio García Ramírez -quien desde hace seis meses-, renunció a su cargo.



Segunda Falacia:

En la forma de integración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación -el órgano jurisdiccional especializado en materia de administración de justicia electoral-, encontramos otra intromisión excesiva de los partidos.

Los magistrados de la sala superior y de las regionales son electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la cámara de senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Deben de reunir los requisitos previstos en la ley, que no podrán ser menores a los que se exige para Ministro de la Suprema Corte (Sala Superior) y Magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito (Salas Regionales).

Pero en esta forma de integración, aunque se cumple formalmente con lo establecido, se presenta el inconveniente de que los partidos políticos también logran influenciar el proceso de designación de dichos magistrados ya que al momento de seleccionarles, se nombra a personas con abierta o soterrada identificación con los propios partidos. En este otro caso, la preeminencia política de los partidos impide que la sociedad civil sea tomada en cuenta -de manera efectiva-, para seleccionar a las personas más idóneas y que cuenten con suficiente capacidad profesional para garantizar imparcialidad en su actuación.

Tercera falacia:

La desnaturalización que se ha hecho de la representación proporcional. Esta forma de conformación de las cámaras surgió para integrar a todas las corrientes políticas en las tareas legislativas y en el trabajo de representación parlamentaria. La idea era que participaran de acuerdo al número de votos obtenidos en cada elección federal o local, a fin de responder a un principio de justicia que beneficiara la representación política de las minorías, pues el sistema de representación mayoritaria obedecía solo a un principio de eficacia cuyo propósito era facilitar la toma de decisiones políticas.

De manera concomitante se trataba además, de que este tipo de elección, por lista, llevara a las cámaras a profesionales destacados, expertos en el trabajo parlamentario especializado. La idea era entonces: estimular a los ciudadanos incorporando segmentos representativos de las minorías; y, al mismo tiempo, motivar su interés por los grandes problemas nacionales al elevar el nivel de los debates gracias al apoyo de los planteamientos y los conocimientos de prestigiados profesionistas de la academia y/o de la política que, por esa vía, serían incorporados a los trabajos parlamentarios.

Pero he aquí que los partidos políticos, corroborando lo señalado por el sociólogo Roberts Michels en su libro “Tendencias Oligárquicas de los Partidos Políticos” -escrito en el lejano año de 1906-, han venido tomando decisiones antidemocráticas para elaborar sus listas de representación proporcional, incluyendo en ellas a personas desconocidas para los electores e, inclusive pertenecientes a partidos políticos diferentes a los que les proponen, colocándoles en lugares privilegiados para asegurar su inclusión. Tal y como acaba de acontecer en algunas de las entidades en donde se llevó a cabo el reciente proceso electoral. Es decir, utilizan los cargos de representación proporcional como “moneda de cambio” para sellar acuerdos cupulares que solo responden a una lógica de poder interpartidista o, de plano, a los intereses personales de sus líderes. Todo esto, por supuesto, a espaldas de sus propios partidarios y al margen del parecer de la ciudadanía.

Para atenuar estas patologías se requiere -con urgencia-, que la próxima reforma política cambie el sistema de listas bloqueadas por el de listas abiertas para que sean los propios electores -al momento de votar-, quienes determinen el lugar a ocupar en la prelación de las listas. Esto sería, a todas luces, más democrático que el sistema actual que deja en mano de los líderes partidistas la facultad de integrar, a su gusto e intereses, el orden de asignación de las curules de representación proporcional.

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