Si en verdad los partidos políticos han perdido capacidad de convocatoria al interior de la “sociedad civil”, las causas habrá que buscarlas precisamente en la relación entre las partes constitutivas del Estado. Para empezar, vale comentar que entre la sociedad civil y el gobierno por definición existen linderos puntualmente marcados, aunque en la sociedad civil se organizan grupos de interés cuya característica principal es la actividad política. Los hay de tonos eminentemente políticos (partidos), religiosos, de clase (sindicatos), económicos (Cámaras de servicios y de la producción); todos guardan estrecha liga con la administración pública. Su forma de interlocución con el gobierno-de subordinación o contestataria- nos proporciona el grado de armonía o desencuentros de esa relación.
Sociedad Civil no es de ninguna manera un concepto contrapuesto al de gobierno; acaso sí el necesario complemento y su contrapeso, y es un hecho que las omisiones de acción de la sociedad civil siempre repercutirán favorablemente en el crecimiento del poder del Estado. La Sociedad Civil en cambio se fortalecerá en la medida en que los ciudadanos cuenten con los elementos de participación y organización suficientes que los capacite para una relación de balanceado entendimiento con el Estado.
Uno de los resultados que la alternancia mexicana ha dejado en claro es que los partidos políticos no han logrado atraer hacia su membresía a buena parte de la población, esto es fácilmente comprobable en el recuento de votos emitidos en cualquier elección que se haya efectuado. Si es para la presidencia, en el 2006 se reflejó que apenas una porción mayor a la tercera parte de la ciudadanía expresó su voluntad en los comicios. El resultado de otras elecciones-para gobernador o municipales en 2004 en Veracruz, por ejemplo- no ha sido diferente, aquí los números enseñaron que el vencedor en los comicios para gobernador llegó al cargo con apenas la tercera parte de los votos emitidos, sin menoscabo por supuesto de la legitimidad que el marco normativo permite.
Aunque parezca afirmación a priori, una votación acentuadamente fraccionada genera conflictos en la relación entre la sociedad civil y quienes integran las instituciones públicas, enviando señales de inconformidad, desaliento, descontento y desconfianza. Adicionalmente, ahora participa fuertemente en esa relación la patología del crimen organizado que con su enfrentamiento con el Estado ya ha generado harta zozobra colectiva.
Así lo constatan las declaraciones del consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, quien ha dicho que la inseguridad que vive el país no es propicia para una amplia participación ciudadana en el proceso electoral de 2009.
Por si fuera poco, en Veracruz ocurren casos como el de Ramiro Guillén Tapia, quien al inmolarse en la plaza pública de Xalapa dejó al descubierto el grave síntoma burocrático de ineficiencia prevaleciente en las dependencias de gobierno encargadas de la atención a la demanda ciudadana. En este caso de nada valen ya las explicaciones que en descargo se están haciendo, mucho menos las perversas versiones que en un principio quisieron hacer aparecer al inmolado como afectado de sus facultades mentales, tal cual se deslizó por algunos voceros oficio$os apenas ocurrido el dramático desenlace.
Tratar de deslindar culpas, en un posible prevaricato ante una sociedad ayuna de confianza en el decir del servidor público, es tirar agua al mar. Malo y grave el mensaje que se envía cuando para acallar protestas se acude al expediente de, ahora sí de manera expedita, aportar la cantidad acordada para indemnizar a los campesinos de la protesta; lo único que invita a deducir es precisamente que después del niño ahogado se tapa el hoyo.
A pesar del dicho de la autoridad local, que evidentemente solo era mediadora en este asunto, el daño está hecho; primero por la irreparable pérdida de una vida humana y después porque despertó el reclamo de la sociedad civil, como lo expresó el arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios al considerar como un “llamado de atención a las autoridades” la inmolación del líder campesino Ramiro Guillén Tapia. Análogamente el diputado del PRD Celestino Rivera exhibe: “Grave, algo está pasando en el estado, es cierto que existe mucho burocratismo en algunas dependencias estatales y federales … Desafortunadamente el licenciado Reynaldo cuando uno le toca asuntos de esta seriedad, luego contesta con evasivas, con bromas, lo que no se merece el pueblo veracruzano porque son asuntos serios, el acto de este campesino demuestra que no hay la atención que se pregona a los cuatro vientos”.
Debido a este grave acontecimiento que dio la vuelta al mundo, por el lado de los medios de comunicación impresos en el DF el acontecimiento ha servido para reanimar comentarios nada favorables para el gobierno de este estado, haciendo señalamientos que lo ponen en grave predicamento ante la faz de la nación; nada que ver con lo que la unanimidad propone, pues parece que algunos colaboradores del gobernador caminan en sentido contrario a sus propósitos.
Lo cierto es que los remolinos de inconformidad permean cada vez más profundamente en la sociedad mexicana. La osadía de Andrés Gómez, el joven que calificó de “espurio” al presidente Calderón es más preocupante por lo que pudiera desencadenar que por el dicho mismo.
Por todo esto, no es extraño que un distinguido político veracruzano, Francisco Montes de Oca López, tradicionalmente disciplinado a las reglas del sistema, respetuoso de la ortodoxia política, quien hace algunos años formara un fuerte movimiento ciudadano al que denominó “El Grupo de los 100” haya decidido reanimarlo y trascenderlo desde su original cuna, Coatzacoalcos, hacia otros puntos de la geografía veracruzana.
Si la Sociedad Civil es el contrapeso del Estado, esta forma de organización -la de Los 100- acogida a las virtudes de la asociación expuesta al beneficio o al fracaso político, siempre serán bienvenidas, sobre todo si sus líderes son de probada calidad moral en un entorno en donde esto último es garbanzo de a libra.
Sin menoscabo del beneficio que representa la proliferación de organizaciones políticas de la sociedad civil, a cambio encontramos, como una de las causas que las originan, el fracaso del Estado en su respuesta a las cada vez más exigentes demandas ciudadanas. De manera concomitante, por ser los partidos los vehículos oficialmente reconocidos para la integración de dos de los poderes federales y estatales, aquí ésta una de las razones por la que han perdido credibilidad y confianza ciudadanas, que también viene a ser un factor adicional que vigoriza la propuesta de los candidatos a cargos de elección popular independientes o sin partido. Sin duda, en la Sociedad Civil está el dilema acerca del qué hacer para profundizar los cambios.

Sus comentarios serán bien recibidos en mi correo:alfredobielmav@hotmail.com